El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el presidente de la empresa pública SEIASA, Francisco Rodríguez Mulero, han firmado dos convenios para ejecutar las obras de modernización de regadíos a las que se destinarán 332 millones de euros. Se trata de las primeras actuaciones con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En total se movilizarán hasta 500 millones de euros incluida la financiación privada. El ministro ha destacado que los nuevos sistemas de riego mejoran la eficiencia en el uso del agua, reducen los costes energéticos y favorecen la diversificación de cultivos y una mayor competitividad de la agricultura.
Planas ha afirmado que se trata de «la mayor inversión pública en regadíos sostenibles de las últimas décadas» y que va a suponer un «importantísimo avance» no solo en la sostenibilidad medioambiental, en la eficiencia de los recursos y en la tecnificación, sino también en la mejora de la productividad y rentabilidad del sector agrario. En la primera fase de la puesta en marcha de estas inversiones incluidas en el PRTR se contemplan 45 actuaciones con una inversión pública de 260 millones de euros. Con las aportaciones privadas ascenderá en total a 325 millones de euros.
El segundo acuerdo de colaboración es para realizar obras contempladas en la planificación del Ministerio de Agricultura de regadíos declarados de interés general, con un gasto público de 72 millones de euros que movilizarán una inversión total de obra ejecutada de 175 millones de euros. Este programa contempla 14 actuaciones para modernizar 29.000 hectáreas de superficie cultivable. En concreto, el plan para la mejora y eficiencia de la sostenibilidad de regadíos a cargo del mecanismo de recuperación tendrá una segunda fase a partir de 2022 con una inversión pública de 303 millones de euros y 48 nuevas actuaciones. El total de este plan suma 563 millones de fondos públicos, que con el 20% de colaboración privada supondrá una inyección de 704 millones y supondrá la modernización de más de 100.000 hectáreas de regadíos.
Los proyectos incluidos han sido seleccionados a propuesta de las comunidades autónomas de acuerdo a los requisitos de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética e implementación de nuevas tecnologías exigidos por la Unión Europea para la aplicación de los fondos de recuperación. Al estar financiados con estos fondos, las obras deben estar terminadas en el año 2026.
España cuenta con la mayor superficie de regadíos de Europa, 3,8 millones de hectáreas, y este modelo de cultivo ha sido, según Planas, una herramienta clave para la competitividad del sector por su capacidad para generar valor. «Quien quiere dedicarse a la tierra, tiene que trabajar el agua», ha asegurado el ministro, y ha precisado que el 23% de la superficie cultivada en España es de regadío, pero que en ella se genera el 65 por ciento de la producción final agrícola.
En la actualidad, los riegos más eficientes suponen cerca del 77% de la superficie de riego, con más de 2,9 millones de hectáreas, de los que casi 2,1 millones de hectáreas se corresponden al sistema de riego localizado y cerca de 885.000 hectáreas al grupo constituido por aspersión y automotriz. Otras 888.094 hectáreas aún se riegan por gravedad. En ese sentido, el ministro ha reiterado el compromiso del Gobierno con la modernización de los regadíos y ha asegurado que «el regadío sostenible junto a la digitalización y el relevo generacional son los tres pilares sobre los que se va a sustentar el modelo de actividad agraria en el futuro próximo».
El MITECO.
Tras la reciente presentación de esta nueva planificación hidrológica por parte del departamento que dirige Luis Planas, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que «no abandone» las inversiones en modernización de regadíos ni las traslade en su totalidad al Ministerio de Agricultura. Los regantes recuerdan al departamento que dirige Teresa Ribera que el MITECO ostenta las competencias sobre agua por lo que «no puede renunciar a algo básico y fundamental como es su ahorro».
El secretario general de FENACORE, Juan Valero de Palma, ha defendido que las ayudas de la Unión Europea son una «buena oportunidad para una modernización del regadío que encaja con todos los objetivos fijados por la Comisión Europea para el reparto de los fondos y para el correcto desarrollo de los Planes Hidrológicos: determinantes para la gestión del agua en España durante los próximos seis años». Además, señala que las confederaciones hidrográficas tienen las competencias de los grandes canales e infraestructuras que garantizan el abastecimiento a los regadíos, por lo que consideran que -al menos en esas infraestructuras- el Ministerio y las confederaciones deberían continuar colaborando y financiando las actuaciones.
Además FENACORE solicita un nuevo Plan Hidrológico Nacional que devuelva al Estado sus competencias y blinde la Constitución frente a las injerencias políticas en las distintas comunidades autónomas porque en su opinión el «interés localista o partidista está contaminando políticamente la gestión del agua», sobre todo la que discurre por más de una región. A su juicio, esta situación ha derivado en «una maraña normativa» con «múltiples leyes de agua y 17 administraciones hidrológicas diferentes, que hacen que el reparto no responda a criterios técnicos y que, en algunos casos, vulnere la Carta Magna sin que se persiga el bien común como objetivo prioritario.
El último de sus reproches al Gobierno se refiere a las medidas para atender a las demandas de agua porque asegura FENACORE que «apenas han recibido un 19% de la inversión prevista en los planes hidrológicos». Al mismo tiempo recuerda que aún queda casi un millón de hectáreas sin modernizar y que un porcentaje elevado de las obras de regulación y de infraestructuras hidráulicas de interés general no se hayan realizado, pese a haberse recogido en los sucesivos planes hidrológicos.