El pasado mes de abril el Congreso de los Diputados aprobó con una amplia mayoría el proyecto de ley que modifica la actual Ley General de Telecomunicaciones que, además de cambios sustanciales para incentivar las inversiones en el sector y transponer al ordenamiento jurídico español la directiva europea del Parlamento Europeo y del Consejo, en un pequeño rincón hace referencia a la protección del patrimonio en el sentido de que impedirá que los cables afeen las ciudades, en general, y los bienes de interés cultural, en particular. «Los operadores podrán efectuar por fachadas despliegue de cables y equipos que constituyan redes públicas de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados, si bien para ello deberán utilizar, en la medida de lo posible, los despliegues, canalizaciones, instalaciones y equipos previamente instalados, debiendo adoptar las medidas oportunas para minimizar el impacto visual», se puede leer en el texto, que más tarde precisa: «Los despliegues aéreos y por fachadas no podrán realizarse en casos justificados de edificaciones del patrimonio histórico-artístico con la categoría de bien de interés cultural declarada». 

Con esta reforma nunca se producirán situaciones como las de la iglesia de Villamorón (declarada bien de interés cultural en 1994) cuya fachada estaba atravesada de cables de una eléctrica y que solo la incidencia en redes sociales de un comentario de la periodista y amante del románico Mery Varona hizo que, finalmente, la empresa se aviniera a quitarlos. El presidente de la asociación Amigos de Villamorón, Pedro Moreno, le está profundamente agradecido ya que hasta que llegó ese proverbial tuit llevaban unos cuatro años en una desigual pelea frente a la empresa y a la Administración: «Cuando les pedimos una reunión para solicitarles que quitaran los cables que tanto afeaban la iglesia nos recibieron con mucha educación en su sede pero nos explicaron que ellos habían cumplido con la normativa y que no entraba dentro de su competencia hacer nada con los cables. También nos dirigimos a la Junta y tuvimos una contestación parecida, que no era responsabilidad suya. Así que cuando ya lo dábamos todo por perdido y nos encontrábamos en un callejón sin salida, Varona lo denunció en las redes y lo que no habíamos conseguido nosotros, enseguida se resolvió».

Ahora, la asociación queda a la espera de ver cómo se sustancia la ley a la hora de la verdad y su presidente, en cualquier caso, confía en que sea el principio de un cambio de filosofía con respecto a la protección del patrimonio. «Hay muchísimo que hacer en este aspecto. En la provincia de Burgos hay muchos casos como el nuestro y creo que es importante que no solo las administraciones cambien de criterio sino que también la sociedad civil siga empujando».

A su juicio, las empresas de telecomunicaciones deberían ser un actor determinante en la protección del patrimonio «incluso como parte de su responsabilidad social corporativa» y apuesta porque en la legislación española se pudiera incluir el concepto que ya contempla la francesa de 'co-visibilidad', que hace referencia a que no solo los monumentos históricos deben estar especialmente protegidos sino también lo que se ve desde los mismos.