La vía judicial es la última esperanza para desbloquear el eterno conflicto con Adif por el paso a nivel de El Crucero, pero el Tribunal Superior de Castilla y León ha desestimado la demanda presentada por el Ayuntamiento contra el administrador ferroviario. La resolución se puede recurrir pero de momento se esfuma la esperada oportunidad de avanzar en unas obras que acumulan más de veinte años de retraso. Tras este fallo, a la espera de lo que digan los servicios jurídicos municipales, todo apunta a que ambas partes tendrán que sentarse otra vez a negociar para intentar encontrar una solución que se antoja complicada porque las posturas están muy alejadas. El último desencuentro fue por quién debe pagar la expropiación de los terrenos necesarios para acometer la conexión del paso inferior con la Nacional. Ante los reiterados incumplimientos por parte de Adif y la imposibilidad de llegar a un acuerdo pese a que se ha intentado por todos los medios, el Ayuntamiento inició el proceso judicial para obligarle a cumplir lo establecido en el Convenio suscrito en 1999 y el protocolo adicional de 2006. En dichos documentos se recoge que la sociedad dependiente de Fomento debe suprimir el paso a nivel de El Crucero, poner en funcionamiento la pasarela peatonal y ejecutar el enlace del paso inferior con la carretera. A pesar del tiempo transcurrido, las obras siguen en punto muerto. Los trabajos se tenían que ejecutar con el dinero de las plusvalías obtenidas por la venta de unos terrenos de Adif. Precisamente este punto fue el origen de los primeros encontronazos, que han derivado en más de dos décadas de culebrón, ya que la justificación que siempre ha esgrimido el administrador ferroviario es que no dispone de liquidez para finalizar las obras ya que destinó parte de la suma a la mejora de otras instalaciones como la estación. Por eso, desde hace años, el túnel construido finaliza en una finca y la pasarela es un esqueleto de hierros sin uso. En la demanda presentada en enero del año pasado, el Ayuntamiento dejaba claro que siempre que ha requerido informes sobre el destino de las plusvalías, Adif ha eludido presentar un detalle de las cuentas. La última propuesta del administrador para evitar el procedimiento judicial fue una adenda en la que no se especificaba el presupuesto para acabar las obras y ni siquiera se había tramitado un proyecto técnico. Por supuesto, tampoco se justificaba el destino de los ingresos obtenidos por los terrenos por lo que el equipo de gobierno, con el respaldo del resto de partidos, rechazó el acuerdo. En la contestación a la demanda judicial, Adif asegura que por las parcelas obtuvo cerca de 10 millones (cifra muy por debajo de la que menciona el Ayuntamiento) pero que tras diferentes gastos, lejos de tener superávit, acumula un déficit superior a los 200.000 euros. Además entiende que no se le puede acusar de incumplir el convenio ya que lo ha cumplido de forma parcial. Es más, en su defensa asegura que la obligación de conectar el paso inferior le corresponde al Ayuntamiento. El fallo del TSJ de Castilla y León supone un nuevo contratiempo en un conflicto que se ha ido dilatando en el tiempo.