Plantar trigo o placas solares. Este es el dilema al que se están enfrentando muchos agricultores y propietarios de tierras ante el desembarco de la energía fotovoltaica que vive el Burgos rural. Solo en los últimos meses se ha iniciado la tramitación de más de una veintena de proyectos en diferentes puntos de la provincia que alcanzan los 1.100 megavatios (MW) instalados y que ocuparían en torno a 2.200 hectáreas (has.) de suelo, muchas de ellas dedicadas al cultivo del cereal y que pueden quedar a la sombra de los paneles fotovoltaicos.

La controversia abierta por la irrupción de esta energía renovable tiene puntos de coincidencia con la creada por los parques eólicos -en los que Burgos es líder nacional-, pero también diferencias importantes. De entrada, y al margen del impacto medioambiental y paisajístico de estos proyectos, bajo las aspas de un aerogenerador se siguen cultivando los campos, pero no así bajo los paneles solares donde, hasta la fecha, ni crece la hierba ni podría pastar el ganado porque energía y ganadería no son actividades compatibles desde el punto de vista normativo.

Un MW fotovoltaico ocupa, aproximadamente, dos hectáreas. Para hacerse una idea, el complejo de parques solares que se proyectan en las zonas de La Bureba y el Valle de Tobalina, con 1,2 millones de placas destinadas a producir 595 MW, ocuparía en conjunto el triple de la superficie del embalse de Úzquiza (313 has.) o una sexta parte del pantano del Ebro (6.253 has.), que es uno de los más extensos del norte peninsular. Todos los proyectos fotovoltaicos en marcha equivaldrían a la superficie de 7 pantanos de Úzquiza repartidos por la geografía provincial, afectando a decenas de municipios.

Aerogeneradores, paneles y cultivos están obligados a convivir, pues próximos a los parques eólicos y, por lo tanto, a los campos de cultivo están los tendidos y las subestaciones eléctricas que salpican la geografía provincial y que permitirán ‘enchufar’ las instalaciones fotovoltaicas a la red de la forma más rápida y económica posible.

A día de hoy, en la provincia hay 800 instalaciones fotovoltaicas en funcionamiento, de las que 270 son en régimen de autoconsumo. Es decir, de los 47 MW instalados, 14 se destinan a autoconsumo.

En la Junta de Castilla y León, más en concreto, en el Servicio Territorial de Industria, solo tramitan los proyectos pequeños, los de menos de 50 MW instalados. Por encima de esa potencia la competencia es estatal y resuelve Madrid. De acuerdo a estos criterios, en Burgos la Junta está tramitando unas 20 instalaciones que suman 240 MW, muy por debajo de los proyectos ‘estatales’ de La Bureba y Valle de Tobalina y de La Lora, que suman 595 MW y 200 MW, respectivamente.

Desde Industria subrayan que muchos de estos proyectos están en fase preliminar "y no todos llegarán a instalarse".

Ofertas 

Mientras continúa la tramitación, la expansión del sol como energía renovable a pie de campo no diferencia los terrenos cultivables de los baldíos en su búsqueda de oportunidades de producción eléctrica y rentabilidad.

Los promotores tientan a los propietarios del suelo con rentas anuales por hectárea que oscilan entre los 1.000 y los 1.500 euros. En Valle de Santibáñez, Avellanosa, Las Celadas y Los Tremellos, donde se proyectan más de 200 MW, se han ofertado entre 1.200 y 1.400 euros, en la Ribera del Duero han llegado a los 1.500 euros.

Estas cantidades mensuales son más del doble del beneficio que puede generar la producción agraria. Por poner un ejemplo: el margen bruto de la hectárea de secano en el Valle de Santibáñez ronda los 150-200 euros, sin tener en cuenta la mano de obra, ni la ayuda de la PAC, ni las amortizaciones de maquinaria, entre otros conceptos.

Las concesiones de los parques puede llegar hasta los 30 e incluso los 40 años, tiempo suficiente para propiciar la desaparición de la actividad agraria y con ella la población que se dedica a ella, una puntilla más a la crisis del mundo rural en aras de la economía verde.

La paradoja es que muchos de los propietarios del suelo en Burgos son herederos de agricultores que ya no residen en el mundo rural y que, seguramente, no distinguen el trigo de la cebada. Desde sus casas urbanas se limitan a poner en la balanza los ingresos que genera una renta agraria (entre 120 y 350 euros la hectárea al año, según comarcas) y los que les ponen sobre la mesa los promotores solares. El coste oportunidad es más que claro: no hay cultivo ni agricultor que genere los beneficios de una placa.

Esteban Martínez, agricultor y secretario provincial del sindicato Asaja, conoce a compañeros que se están viviendo esta tesitura y que son víctimas de lo que Asaja tilda de "burda subasta" del suelo. En el entorno de su pueblo, Los Balbases, se proyecta un parque fotovoltaico que ocupará 160 hectáreas de cereal (80 MW) y por las que se están ofreciendo entre 1.000 y 1.100 euros. A uno de los cultivadores de este terreno, las placas le van a restar más de una treintena de hectáreas y eso es mucha producción. "Los beneficiarios de este roto que le hacen serán para los herederos propietarios, nunca para el agricultor ni para el que vive y trabaja en el campo", se lamenta el representante de Asaja.

Los propietarios que no se dedican a la actividad agraria, advierte Martínez, deben tener muy en cuenta que una renta agraria no tributa igual que los rendimientos de la concesión de un parque fotovoltaico. "Hacienda se queda con el 30%...". Por su parte, a los agricultores propietarios les pone en una balanza el rendimiendo que les da la tierra en contraposición "con una mayor carga fiscal, con el fin de las ayudas de la PAC por ese suelo, que queda hipotecado durante 40 años para explotación fotovoltaica". No obstante, aún así a algunos les salen los números y firman.  

El agricultor no se opone a la cesión de derechos de la tierra que tiene en arrendamiento por una sencilla razón: no quieren enfrentarse a la propiedad, perder arrendamientos de otras fincas y optar a otras cuyo precio de alquiler subirá por la carencia de suelo disponible para cultivar. "Estamos entre la espada y la pared...".

Y el fenómeno no es local. Asaja ha hecho saber de este "sinsentido" a la Junta de Castilla y León en sendas cartas al presidente y el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Advierte de que el boom solar que vive toda la Comunidad, donde hay proyectados más de 6 GW en grandes parques (6.000 MW), "expulsa" del territorio rural a agricultores y ganaderos, rompe la cadena de siglos de aprovechamientos tradicionales del suelo, causa daños medioambientales e impacta en el turismo rural y en la vida de los pueblos...

Burbuja del suelo.

Las irrupción de las energías renovables y sus varios centenares de millones de euros en inversión también han perturbado el mercado del suelo agrario en renta y en compra. La ocupación de terrenos para colocar paneles resta espacio agrícola y encarece el que sale al mercado, por lo general, muy escaso.

"Los agricultores buscarán más parcelas en arrendamiento, ofertando un mayor precio por las rentas, lo que supondrá una lucha ‘por a ver quién da más’, dañándose ellos y a los demás agricultores del entorno", argumenta Jorge Miñón, ingeniero agrario de la empresa tecnológica Agrae, quien augura una nueva burbuja en el suelo agrario como ya ocurrió con el primer desembarco de los parques eólicos.

Miñón advierte de otra paradoja y de la "doble moralidad" por parte de Europa, que restringió la superficie agrícola destinada a cultivos energéticos (girasol para producir biodiesel, por ejemplo) "mientras ahora se utilizan grandes cantidades de superficie agrícola para producir energía directamente", lo que ha creado la nueva figura del agricultor energético.