Castilla y León tiene casi medio millón de hectáreas de regadío de una superficie total cultivada que supera los tres millones y medio. El sector agrario representa en esta comunidad más del diez por ciento del PIB frente a poco más del 2,5 por ciento del conjunto del país o el 1,2 por ciento de la UE. Sin embargo, agricultores y ganaderos tienen la impresión de que sus demandas carecen de eco en el ámbito político.
Los nuevos sistemas de regadío están provocando una auténtica revolución en el campo. El riego telemático mediante sistemas de bombeo provoca un ahorro en el consumo del agua impensable hace poco más de una década, un notable beneficio medioambiental y un cambio en las condiciones y hábitos de trabajo igualmente revolucionarios. Pero a su vez también ha aumentado exponencialmente el consumo de electricidad, razón por la cual últimamente las comunidades de regantes de Castilla y León se afanan en la búsqueda de fórmulas para abaratar la tarifa energética.
La asociación León Propone reunió esta semana un excelente panel de expertos, regantes, técnicos y políticos de Castilla y León en la búsqueda de fórmulas para el autoconsumo eléctrico, mediante placas, y la venta de los excedentes los meses del año en los que sigue habiendo sol pero no riego. Dos cuestiones dificultan este planteamiento: que las líneas de transporte de la electricidad están saturadas (lo dicen las compañías y nadie audita si es verdadero o falso) y que las comunidades de regantes no pueden entrar en el negocio. Tienen la consideración de entidades sin ánimo de lucro. Panorama desalentador al que se añade desinterés de las autoridades por hacer cumplir una reciente sentencia del Supremo, que obliga a establecer la doble facturación. Tarifa habitual en campaña de riego y ninguna cuando no hay consumo. Solo el autoconsumo es la vía técnica y legalmente posible, sin beneficios añadidos por los excedentes. Es lo que hay, se convino. Es el pájaro en mano, como se dijo en el encuentro, aunque sin olvidar el reto de aumentar la presión en el intento por doblegar el poder de las compañías eléctricas y su influencia sobre los gobiernos.