“No sería entendible que por un retraso administrativo se perdieran algunas oportunidades e inversiones que deberíamos de ejecutar en el sector eólico en los próximos meses, especialmente en estos momentos de crisis económica. Somos conscientes que son muchos proyectos en tramitación y que esta es compleja, pero debemos de ser capaces de llevarla adelante”. Así de preocupado se mostró el secretario general de la Asociación Promotores Eólicas de Castilla y León (Apecyl), Eugenio García Tejerina, quien señaló a Ical que la patronal mantiene un diálogo fluido con la Junta para instrumentar una mayor agilidad en la tramitación de proyectos y adaptación de procesos, para que éstos no se pierdan por no cumplir los hitos temporales establecidos en el Decreto ministerial.

Por el momento, fuentes del Gobierno regional explican que todas las declaraciones “se atienden” y que únicamente se pueden depurar “si se analiza el proyecto” mediante una tramitación tasada según el ordenamiento.

El decreto 23/2020 aprobado por parte del Ministerio para la Transición Ecológica pretende de alguna manera ordenar el desarrollo de proyectos de los últimos años, ya que se estaban tramitando solicitudes que superaban las necesidades y las capacidades del país de integrar los nuevos proyectos de energía renovable, en un sistema eléctrico que tiene una capacidad limitada. Para ello ese documento establece una serie de hitos temporales en el proceso de tramitación de la autorización administrativa y de su construcción, por la que los iniciativas que nos los cumplan perderán la posibilidad de conectarse a las redes eléctricas, y con ello los avales prestados y las inversiones incluidas.

Este paso cobra especial relevancia en Castilla y León, la principal productora nacional de energía eólica, con más de 6.000 megavatios instalados, pero con la previsión de poner en marcha otros 4.000 hasta 2030. “Nadie querría que se perdiera esa oportunidad por no haber tramitado los proyectos en los tiempos que marca la ley, porque son plazos posibles y comunes para todas las comunidades autónomas”, sostuvo.

El departamento dirigido por Teresa Ribera dio la oportunidad de cancelar las solicitudes iniciadas sin perder los avales, para renunciar a sus proyectos al que voluntariamente se podrían acoger los promotores que entendiesen que no iban a ser capaces de ejecutar sus proyectos en los hitos temporales del Decreto. A esta posibilidad se han acogido proyectos que suman 39,3 gigavatios (suma de eólica y fotovoltaica), según explicaron a Ical desde el Ministerio. Se busca evitar que determinadas solicitudes, que colapsaban el acceso a las redes de transporte de energía eléctrica y que persiguen la especulación con los puntos de conexión, dejen sitio a proyectos que realmente tienen intención y viabilidad de ejecutarse.

El objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) es alcanzar los 50 gigas de eólica en 2030, y el objetivo del sector regional es que al menos una cuarta parte de esa potencia esté ejecutado en Castilla y León, manteniendo así el actual porcentaje de desarrollo eólico.

Ahora, explicó García Tejerina, el decreto ministerial busca ordenar este fenómeno por la “cantidad ingente de proyectos en tramitación” y considerando que a pesar de los grandes avances hechos “en integración de las energías renovables en las redes eléctricas, su capacidad no es infinita”. 

El incumplimiento de los hitos temporales de la tramitación administrativa establecida tiene como consecuencia que “a los proyectos que no los cumplan les caducará sus derechos de acceso a la red”. “Sin posibilidad de acceder a la red eléctrica donde verter la energía producida no tiene ningún sentido cualquier proyecto de generación”, incidió el secretario general de Apecyl. En este sentido, además, para demandar el derecho de acceso hay que poner avales en cantidades “relevantes, 40.000 euros por megavatios”: Si te caduca tu derecho de acceso además pierdes el aval”.

Plazos muy breves

A partir de ahora, es necesario tener aprobada la licencia ambiental en el plazo de22 meses desde la publicación del Decreto y 25 para obtener la autorización administrativa. “Son plazos breves para lo que son estas cosas. Los recursos de la Administración son limitados y hay procedimientos que deben respetarse, pero hay que hacer lo posible para que con estos plazos exigentes y contribuyendo todos podamos agilizar la tramitación”, opinó. De no hacerlo muchos proyectos finalmente podrían ser finalmente inviables y con ello “se perderían oportunidades y riqueza”. “Lo que no se ejecute en la Comunidad se hará en otras”, anotó García Tejerina, quien estimó que la inversión prevista hasta el año 2030 superaría, solo en Castilla y León y en eólica, los 4.000 millones de euros.

“No podemos perder esta oportunidad porque ahora todo el mundo es consciente de por dónde va el desarrollo. Cuando empezamos en Castilla y León hace 25 años hubo que hacer un esfuerzo de explicar lo que podría llegar a suponer para la Comunidad aprovechar el desarrollo de la energía eólica. Ahora esa cuestión ya no está en el debate. El futuro pasa por el desarrollo renovable, que hoy es una energía bastante más barata que la generación convencional”, deslizó.

A su juicio, “no todos los territorios han considerado históricamente que las renovables eran interesantes”, frente a un momento actual en el que “todos lo ven”. “Nosotros, Junta de Castilla y León, el sector eólico y la sociedad en su conjunto, en Castilla y León lo vimos antes y hemos sido capaces de hacerlo mejor que en otras regiones; pero ahora todo el mundo se ha subido al carro y hay una competencia enorme entre administraciones regionales por atraer desarrollo renovable a su territorio”, advirtió.

De hecho, consideró que la pandemia del COVID-19 genera un “problema económico que será trágico” en numerosos ámbitos y destacó que, precisamente, en estos momentos “no hay demasiados sectores que estén en condiciones de hacer un esfuerzo inversor y capacidad de generar empleo y recursos como el desarrollo renovable”.

Castilla y León: estabilidad regulatoria

En la actualidad, todas las instalaciones de menos de 50 de megavatios se tramitan por la Junta para poder construirlas. En este sentido, cada gobierno autonómico tiene su procedimiento administrativo de autorización particular, mientras que el régimen económico, la operación del sistema eléctrico y el funcionamiento de redes es estatal.

En este punto, García Tejerina subrayó que Castilla y León ha tenido “históricamente estabilidad regulatoria, con reglas del juego predecibles y la Administración autonómica ha sido la que, con diferencia, mejor ha gestionado el desarrollo renovable en su territorio y la prueba es todo lo conseguido en estos años”. “La estabilidad política y regulatoria y el trabajo coordinado con el sector ha permitido ir superando todas las dificultades, ha dado certidumbre y permitido que se ejecutasen numerosos proyectos que en otros territorios no se hicieron. Los equipos de gestión territoriales han funcionado. Entre todos tenemos que conseguir que siga siendo así”, sentenció.