Si algo ha demostrado desde su entrada en vigor hace cinco años la ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’, es su capacidad recaudatoria. El texto que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 permite a los agentes sancionar por infracciones que no llegan a calificarse de delitos sin necesidad de cumplir con el tedioso protocolo de trasladar al que quebranta la norma a Comisaría y redactar una denuncia. Los críticos auguraban el fin de muchos derechos y libertades de las personas, pues limita las reuniones y manifestaciones en la vía pública. Sin embargo, las protestas apenas ocupan una mínima parte de las multas que cada año llegan a la Subdelegación del Gobierno, al menos en Burgos. En este lustro, el Estado ha recaudado 5,8 millones de euros, la mayoría por cuestiones relacionadas con el consumo y el cultivo de droga. 

El Pleno del Tribunal Constitucional determinó este jueves que esta ley de Protección de la Seguridad Ciudadana cumple con las reglas del juego marcadas por la Carta Magna en todos sus puntos, salvo el que tiene que ver con las grabaciones «no autorizadas» a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una infracción recogida en el artículo 36.23 del texto de 2015 recurrido en su día por varias fuerzas políticas, entre ellas el PSOE, UPyD, Izquierda Plural o Chunta Aragonesista. 

Dicho artículo califica de infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad «que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes». A juicio de la sentencia, esta norma vulnera el derecho constitucional a la difusión de información y libertad de expresión que protege el 20.2. Bien es cierto que, si nos atenemos a los datos que facilita el Ministerio del Interior, en la provincia de Burgos estas conductas solo se han denunciado en un par de ocasiones. 

El cultivo, consumo y el transporte de sustancias estupefacientes en la vía pública que no se consideran delito de tráfico son las infracciones más habituales en la provincia desde la entrada en vigor de la norma. Suponen, de hecho, ocho de cada diez multas que llegan a la Subdelegación del Gobierno y han supuesto un ingreso de 4,4 millones de euros para las arcas del Estado. Otras dos conductas comunes son las faltas de respeto y de colaboración con los agentes de la autoridad. 

El pasado año se tramitaron un total de 3.139 denuncias por incumplir la ley de Seguridad Ciudadana, casi mil más que el ejercicio anterior, las cuales permitieron recaudar 1,95 millones de euros, 600 mil más que en 2019. Desde su entrada en vigor hace ya un lustro, las multas, que van desde 100 a los 600.000 euros, se han multiplicado por cuatro en Burgos. Ninguna de ellas, eso sí, ha tenido nunca el calificativo de muy grave.  

Utilidad en la pandemia. El recurso de inconstiucionalidad de esta ley fue el colofón a un aluvión de quejas que en su día vieron en esta ley la excusa perfecta para que el Gobierno limitase los derechos de los españoles. Lo cierto es que en Burgos no ha habido sanciones por manifestaciones o protestas no comunicadas -uno de los capítulos más polémicos de este texto-. Por contra, se ha convertido en una herramienta muy útil para controlar el cumplimiento del estado de alarma durante los peores meses de pandemia. 

Los agentes se auspiciaron en esta ley para poder sancionar todos aquellos quebrantamientos, la gran mayoría acompañados de faltas de respeto o resistencia hacia los cuerpos de seguridad.