La proliferación de grandes parques eólicos y macroplantas fotovoltaicas está disparando cada vez más las alarmas entre colectivos ecologistas y agricultores. Una cosa es fomentar las energías renovables, como está haciendo España, y otra es sembrar el territorio con enormes aspas e interminables extensiones de paneles sin tener en cuenta los valores paisajísticos o de diversidad.

Para ello, en un intento de aconsejar a los gobiernos regionales y de orientar a las propias empresas, el Ministerio de Transición Ecológica (antiguo Medio Ambiente) ha elaborado la que denomina "zonificación ambiental para la implantación de energías renovables", publicada en diciembre y donde dibuja sendos mapas de España, para la energía fotovoltaica y eólica, cada uno de ellos con cinco niveles de sensibilidad ambiental.

En el máximo, el que incluye la coletilla de "no recomendado" para la implantación de nuevos proyectos, figuran cuatro grandes zonas de la provincia de Burgos: toda la diagonal del Ebro que separa la meseta de Las Merindades, el entorno de Peña Amaya, la Sierra de la Demanda y los sabinares del Arlanza.

El propio Ministerio explica que las "zonas de máxima sensibilidad ambiental son aquellas en las que, a priori, no sería ambientalmente recomendable implantar este tipo de proyectos, debido a la presencia de elementos ambientales de máxima relevancia. En el resto de zonas se estima su importancia relativa en función de sus valores ambientales" y en ellos va situando sensibilidades coloreadas con diversos tonos en función de su la sensibilidad es muy alta, alta, media o baja.

Hay que subrayar que se trata siempre de recomendaciones y no de prohibiciones porque, como apuntan en el Gobierno, el modelo "no exime del pertinente procedimiento de evaluación ambiental al que deberá someterse cada instalación en su caso". Simplemente se trata de advertir, "desde fases tempranas los condicionantes ambientales asociados a las ubicaciones de los proyectos" que luego deben evaluarse.

Este diagnóstico formal, que es donde se toma la decisión sobre si un proyecto puede salir adelante o no, corresponden a las Comunidades Autónomas o al Estado, dependiendo de si su potencia instalada supera o no los 50 megavatios. De hecho, a la vista de macroproyectos que estaban ‘troceados’ para intentar evitar el trámite ante el Ministerio, la Junta ha tenido que advertirlo y exigir que se tratase como una única instalación.

Las áreas consideradas como de sensibilidad máxima se corresponden con entornos ya protegidos por distintas figuras (parques nacionales o regionales), lugares de interés comunitario (LIC), zonas de especial protección para las aves (ZEPA), cauces fluviales y zonas inundables o la misma presencia de poblaciones. Por eso, además de las cuatro grandes localizaciones de la provincia de Burgos ya mencionadas, hay muchísimos otros puntos donde, en teoría, se debería excluir la instalación de grandes proyectos.

no afecta al autoconsumo. Es importante subrayar que el estudio ministerial solo se refiere a parques o plantas de gran tamaño "cuyo fin es su venta a la red". Es decir, "su ámbito de aplicación no incluye las pequeñas instalaciones de autoconsumo, ni infraestructuras aisladas de poca potencia o que se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios o suelos urbanos", así como instalaciones destinadas a la investigación, desarrollo e innovación.

Es, en definitiva, un reconocimiento por parte de la administración de que las solicitudes para la instalación de nuevos parques eólicos y plantas fotovoltaicas tienen repercusión sobre el medio ambiente, y que para controlarlos es necesaria una evaluación. Sin embargo, a juicio de los colectivos que llevan años preocupándose por este asunto, estos mapas de zonificación ambiental se quedan muy cortos.

Juan Ángel de la Torre, de la Mesa Eólica de las Merindades, dice sin tapujos que "ese estudio será papel mojado porque no es vinculante sino que serán las comunidades autónomas las que decidan. Nuestra valoración global es que estamos viviendo un déjà vu respecto a hace 20 años. Yo esto ya lo he vivido. Lo único diferente es la proporción de las instalaciones que se plantean", sostiene.

Triplicando la previsión. También desde la Mesa Eólica, Carlos Palma añade en esta misma línea que en el Plan Eólico de la provincia de Burgos, elaborado por la Junta de Castilla y León hace 20 años y que tampoco era vinculante, estaba contemplada la instalación de 695 megavatios. "Sin embargo, ya en 2019 habíamos pasado de los 2.000, la realidad ha triplicado lo que venía en ese documento, por lo que estamos ante un incumplimiento claro y manifiesto".

¿Cómo conjugar el objetivo de promover fuentes de energías limpias con un respeto a los valores paisajísticos y medioambientales? He ahí la cuestión. A juicio de este colectivo, muy crítico con los grandes proyectos, "la solución debe estar en el autoconsumo. La descarbonización es obligatoria y necesaria, pero lo que estamos viendo es un gran negocio, no una apuesta por la energía limpia y a la provincia de Burgos la van a desguazar", subraya De la Torre.

Gigantes y Quijotes. La enormidad de los proyectos atrae cada vez más a fondos inversores internacionales, lo que despierta recelos en los municipios afectados. El despegue de gigantescos parques eólicos y solares, en un fenómeno que algunos no dudan en calificar de "burbuja", se evidencia por ejemplo en el último gran proyecto cuyo expediente tuvo su fecha de entrada oficial al Ministerio de Transición Ecológica para su evaluación ambiental el día 7 de junio.

Se trata del enorme conjunto de molinos previsto en Tórtoles de Esgueva, con 148 megavatios de potencia, y una infraestructura de evacuación que implica a los términos municipales de Avellanosa de Muñó, Estépar, Mahamud, Mazuela, Presencio, Royuela de Río Franco Tordómar, Torresandino, Villafruela, Villahoz y Villaverde del Monte, con distancias que superan los 30 kilómetros en línea recta. Su promotora actual es la empresa Global Ottawa, una inversora internacional que en 2019 estuvo precedida por la saudí Alfanar.

Este es el último que figura en el listado de proyectos ya en fase de trámite ministerial, pero hay otros de similar calibre o incluso mayores en Merindades y en la zona centro-oeste de la provincia, donde recientemente se instalaron los mayores aerogeneradores de España, en las inmediaciones de Las Quintanillas y cuyos molinos rondan los 200 metros de altura. Dignos de los gigantes contra los que luchaba Don Quijote.

La preocupación en los entornos directamente afectados va en aumento, lo que se traduce en constantes alegaciones a la tramitación de los expedientes, y parece evidente que los distintos gobiernos (regionales y nacional) tendrán que establecer criterios claros para guardar el difícil equilibrio entre los intereses macroempresariales, el ‘boom’ de las renovables y la conservación del territorio.

Los colectivos unidos en torno al llamado ‘Fondo para la defensa jurídica de la Cordillera Cantábrica’ acaban de recaudar casi 50.000 euros mediante micromecenazgo "para promover acciones legales en defensa de la biodiversidad y del paisaje frente a la avalancha de megaproyectos de energía eólica". Los próximos meses y años serán decisivos para conocer hasta dónde llega esta presunta ‘burbuja’ o hasta dónde lo tolera la administración.