El 8 de noviembre de 1849 es una fecha clave para el mundo rural en España. Por medio de una Real Orden con esa fecha se creaba el 'Reglamento Para Los Guardas Municipales y Particulares de Campo de Todos Los Pueblos Del Reino'. Es decir, se oficializaba la figura de lo que hoy conocemos como Guarda Rural (Guarda Particular de Campo hasta que se aprobó la ley 5/2014 de 4 de abril, de Seguridad Privada).
Por entonces los nombraba el alcalde de cada localidad a petición del Ayuntamiento y, entre los requisitos para ejercer, había algunos tan curiosos como tener una «constitución robusta», «saber leer y escribir, siempre que sea posible», «ser de reconocidas buenas costumbres» o «gozar de buena opinión y fama». Y se les describía como «hombres de buen criterio y prestigio entre sus gentes, que cuidaran como suyo lo que era de los demás y en los campos existe, pues no cuanto hay en el campo es de todos». Hoy las cosas han cambiado, al menos en cuanto a requisitos, y para obtener la habilitación para este desempeño hay que asistir a un curso de formación impartido por un centro autorizado y posteriormente aprobar un examen del Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil.
A pesar de tener más de un siglo y medio de historia, se trata de una labor muy desconocida por el ciudadano de a pie, aunque esencial en muchas ocasiones. El medio rural español es muy vasto y está repleto de bienes de muchos tipos e infraestructuras estratégicas, y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil, difícilmente pueden atender todos los asuntos que les requerirían; es ahí donde cobra fuerza la figura del Guarda Rural. Son frecuentes los robos en explotaciones agropecuarias o el furtivismo en terrenos cinegéticos, materias contra las cuales los guardas rurales están sobradamente formados.
Custodios del territorio - Foto: Jesús J. MatíasLa Federación de Trabajadores de Seguridad Privada, con motivo del 171º aniversario del Decreto Real promulgado por Isabel segunda en 1849, explicaba que «cada vez más, los ciudadanos y las administraciones públicas y privadas son conocedoras de la profesión de los guardas rurales y confían en sus servicios, contratando algo tan fundamental y primordial como la vigilancia para blindar nuestras riquezas públicas y privadas, para que trabajar en nuestros campos no se haga insostenible, para que cuando un trabajador o un empresario se va a su merecido descanso deposite en las manos seguras y garantes del Guarda sus bienes, para que los ayuntamientos no pierdan las espectaculares bellezas paisajísticas y enormes riquezas ecológicas de cada uno de nuestros pueblos, dándoles prestigio y vida».
El Guarda Rural es la única figura dentro de la Seguridad Privada, incluyendo sus dos especialidades (Guarda de Caza y Guardapesca Marítimo), que puede ejercer su profesión de manera autónoma, sin estar contratado por una empresa de seguridad. Actualmente dependen y están controlados por la Guardia Civil. Sus funciones incluyen la vigilancia de cualquier terreno o instalación del mundo rural: desde plantas fotovoltaicas o parques eólicos hasta montes públicos, cotos de caza, explotaciones ganaderas, parcelas agrícolas… También trabajan para prevenir y ayudar en la extinción de incendios forestales o actuar contra delitos medioambientales. Pero su principal función es (o debería ser) disuasoria, de manera que su mera presencia evite la comisión de infracciones o delitos.
Aitor Goikoetxea es tesorero de la Federación Nacional de Asociaciones de Guardas Rurales (FENAGUAR), entidad que aglutina a asociaciones de Guarderío Rural repartidas por todo el territorio nacional para comprometerse en un proyecto global que luche y defienda los derechos de la profesión. Se trata de la punta de lanza para entrar en los estamentos y las administraciones. Aitor comenta que, precisamente, la unificación de criterios es uno de los objetivos de la asociación. «La contratación para ciertas tareas de vigilancia en algunas comunidades autónomas no exige la habilitación como Guarda Rural, mientras que en otras sí. Trabajamos para que se respete esta figura, que tiene un formación específica para hacer esas labores». Su anhelo es evitar el intrusismo en una profesión que lo sufre mucho, y hace referencia a «los guardas de coto de caza de Andalucía, que asumen funciones que deberían correspondernos».
Custodios del territorioOtra de las reclamaciones es, según Goikoetxea, «conseguir la presunción de veracidad». Es decir, que la palabra de un Guarda Rural tenga el mismo valor en un juicio que la de un agente de la autoridad y valga como hecho probado, cosa que actualmente no ocurre. Si un agente del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil es testigo de un delito medioambiental, su testimonio se da como cierto sin necesidad de probarlo; sin embargo, si lo presencia un Guarda Rural, en el juicio tendrá que demostrar que lo que dice es cierto con los medios que pueda. La única excepción se da cuando el guarda está colaborando con la Guardia Civil en algún dispositivo, algo que no es raro, pero tampoco es la norma.
Yendo un poco más allá, el colectivo también pretende que los guardas rurales sean considerados agentes de la autoridad siempre que estén trabajando. Esta reclamación tiene que ver con la propia seguridad del guarda, ya que ejerce su profesión en lugares muchas veces apartados y su integridad física puede correr peligro en determinadas situaciones. De hecho, a principios de septiembre los medios recogían una noticia sobre una brutal agresión con bates de béisbol a dos de estos profesionales por parte de tres cazadores furtivos. Es posible que ser considerados agentes de la autoridad no evite siempre este tipo de ataques, pero al menos quienes los perpetran se enfrentarían a castigos sensiblemente mayores.
Un aspecto más que quiere destacar Goikoetxea es la conveniencia de declarar obligatoria la figura del Guarda de Caza (especialidad del Guarda Rural) en todos los terrenos cinegéticos. La contratación de esta figura no siempre es económica, pero añade que podría incentivarse mediante subvenciones. No en vano, el Guarda no solo va a cuidar de la riqueza cinegética del terreno, sino del ecosistema al completo, con los beneficios que eso reporta al conjunto de la sociedad.
Formación.
Aitor Goikoetxea, además de tesorero de FENAGUAR y expresidente de la Asociación de Guardas Rurales de Castilla y León, también es responsable del Centro de Formación Carcayú, que dos veces al año imparte el curso necesario para poder presentarse al examen que, también de manera semestral, convoca el SEPROSE de la Guardia Civil para habilitar nuevos guardas rurales (con sus dos especialidades). Las materias que se imparten son amplias y variadas, de manera que los aspirantes puedan conocer sus funciones y atribuciones.
Custodios del territorioLos temas jurídicos son quizá los más importantes, pues este campo dictamina lo que un Guarda Rural puede y no puede hacer. Al contrario de lo que mucha gente piensa, están habilitados para solicitar documentación, inspeccionar vehículos, decomisar armas o bienes e incluso detener sospechosos de haber cometido algún delito, aunque en cualquier caso bajo determinadas premisas.
Otra materia importante es la defensa personal y los primeros auxilios. El trabajo de un Guarda Rural casi siempre se realiza en soledad y en lugares relativamente apartados (en el tiempo y en el espacio) de una potencial ayuda, por lo que es importante saber llevar a cabo una reanimación cardiopulmonar o taponar una herida importante antes de que puedan llegar los servicios de emergencia; como también es adecuado saber defenderse de una posible agresión si el presunto infractor decide plantar cara.
También se recibe formación en materia de armamento y tiro, incendios forestales, topografía y comunicaciones, además de llevar a cabo una preparación física que el alumno habrá de continuar por su cuenta, ya que los exámenes del SEPROSE también exigen unos mínimos en este aspecto (carrera, salto, dominadas…). Al terminar este curso, el aspirante sale preparado para, en primer lugar, aprobar el examen; y en segundo, enfrentarse al trabajo diario de un Guarda Rural.
Servicios de acuda.
Otra de las funciones que puede ejercer un Guarda Rural es el de verificación y respuesta de sistemas de alarma en el medio rural. Esto servicios, llamados 'de acuda' comprenderán, tal y como señala la Ley de Seguridad Privada, «el depósito y custodia de las llaves de los inmuebles u objetos donde estén instalados los sistemas de seguridad conectados a la central y, en su caso, su traslado hasta el lugar del que procediere la señal verificada o bien la apertura a distancia controlada desde la central». También contempla el desplazamiento de los guardas rurales para verificar la alarma recibida y facilitar el acceso a las fuerzas de seguridad o servicios de emergencia cuando las circunstancias lo requieran, bien mediante las aperturas remotas controladas desde la central de alarmas o con los medios y dispositivos de acceso de que se disponga. Es decir, son los guardas rurales quienes se han de encargar de verificar la posible amenaza cuando salta una alarma en alguna propiedad en el mundo rural, algo que actualmente realizan vigilantes de seguridad.