La escasez de personal en el Ayuntamiento de Miranda se suple con horas extras de los trabajadores, un recurso cada vez más habitual y que en los últimos años ha llevado a triplicar el gasto por este concepto. En el pasado ejercicio se abonaron 540.281 euros a los funcionarios por exceder su jornada de trabajo, una cifra que supera lo permitido por la legislación. Así lo confirma un informe expedido por la concejala de Hacienda en el mes de abril, en el que se reconoce que esta cantidad supera ligeramente el porcentaje máximo autorizado.
La normativa establece que las administraciones no pueden abonar en gratificaciones extraordinarias más de un 10% de la masa salarial de los funcionarios, importe que en el caso de Miranda asciende a 506.597 euros, es decir que actualmente se sobrepasa en algo más de 33.000 dicha cantidad. Más que el dinero, la situación pone de manifiesto un problema que lejos de solucionarse va en aumento, y sobre el que tanto sindicatos como partidos de la oposición llevan tiempo alertando: la necesidad de cubrir algunas plazas vacantes para no sobrecargar a la plantilla.
La situación ha llegado a un punto en el que intervendrá la Inspección de Trabajo ya que Izquierda Unida ha decidido presentar una denuncia ante dicho organismo "después de agotar la vía política, porque llevamos mucho pidiendo que se tomen medidas y el equipo de gobierno no hace nada", asegura Guillermo Ubieto, quien considera "preocupante" que se admita en un informe que se está incumpliendo la ley "con total naturalidad, sin buscar una solución y hasta con un tono soberbio" por parte de la edil responsable de Hacienda. Lo habitual en este tipo de expedientes en los que la denunciada es una administración pública es que Trabajo haga un requerimiento al Ayuntamiento para que corrija la irregularidad y se ajuste a los porcentajes permitidos antes de imponer ningún tipo de sanción económica. "No nos queda más remedio que recurrir a esta instancia porque el PSOE lleva años haciendo oídos sordos y ha normalizado el incumplimiento de la ley", afirman desde IU.
Las restricciones impuestas a los ayuntamientos a la hora de contratar personal con el objetivo de controlar el gasto público ha provocado que vayan quedando plazas libres, un déficit que afecta en mayor o menor medida a todos los departamentos y que obliga a redoblar esfuerzos a los empleados municipales. En febrero, CGT cifraba en 30.000 las horas extras del pasado ejercicio (entre funcionarios y personal laboral), de las cuales más de la mitad correspondían a Policía y Bomberos, las áreas que más acusan la falta de efectivos, aunque detectaban un incremento en Obras, Cultura y Deportes. Muchas de esas horas se compensan con días libres pero otras hay que abonarlas, lo que ha originado un gasto a las arcas municipales que ya se sitúa por encima del permitido. "Es cierto que hay limitaciones para contratar pero también ha faltado previsión por parte del PSOE e interés, porque cuando quieren nombran cargos de libre designación", denuncia Ubieto, quien también achaca a los socialistas su "poca cintura" para negociar con los sindicatos, lo que retrasa la convocatoria de ofertas de empleo público, además de un escaso seguimiento sobre qué funcionarios hacen horas extras y las tareas que realizan durante las mismas.