El confinamiento de la población en Castilla y León se ha iniciado este viernes, a las 14 horas, e inicialmente se prolongará hasta el 9 de noviembre a la misma hora, fecha en la que concluye el primer periodo del actual estado de alarma.
Con esta medida, amparada en el decreto de estado de alarma, se restringe la entrada y salida de personas en Castilla y León, tal y como recogía este jueves el Bocyl, salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los siguientes motivos:
a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.
c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.
d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes.
g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.
h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.
i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
k) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
Por su parte, la circulación por carretera y viales que transcurran o atraviesen está permitida siempre y cuando tengan origen y destino fuera del territorio de la Comunidad de Castilla y León.
Está igualmente permitida la entrada y salida de personas del territorio de la comunidad derivada de aquellos acontecimientos deportivos de ámbito geográfico superior al de Castilla y León que se desarrollen en parte en el territorio de ésta, por entenderse comprendidos en el supuesto previsto en la letra k) del apartado anterior.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido al Gobierno de España, Pedro Sánchez, su colaboración imprescindible en el control del transporte público.