El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil lleva más de medio año siguiendo el rastro a un presunto grupo criminal al que imputa la comisión de los delitos de fraude fiscal, falsedad documental y contra la salud pública por su relación con el tráfico masivo de medicamentos veterinarios al margen del mercado legal y cuyo destino serían granjas en las que se crían animales para consumo humano.

Como consecuencia de la investigación, realizada bajo la supervisión de un juzgado de Burgos y con el pleno respaldo de la Fiscalía, se produjo la detención de una persona (posteriormente puesta en libertad tras prestar declaración) y la toma de testimonio a otros seis investigados, entre ellos tres veterinarios. Asimismo, se han realizado registros en la sede de una empresa dedicada a la distribución de productos veterinarios ubicada en el barrio de Gamonal, en Burgos, cuyo titular y administrador único es el citado detenido.

El presunto grupo criminal operaría gracias a la colaboración de todos los interrogados. Así, los tres veterinarios serían los responsables de expedir recetas de medicamentos para animales a nombre de explotaciones o ganaderos que no son clientes del negocio pero que en algún momento pasado lo fueron de la empresa que transmitió el negocio a sus actuales propietarios. De ahí, entre otros motivos, que el anterior dueño sea otro de los investigados como supuesto cómplice del cerebro de la trama.

La organización tendría como finalidad la captación de clientes (explotaciones ganaderas) interesadas en acceder a medicamentos que únicamente pueden ser prescritos por un veterinario colegiado y siguiendo las directrices legalmente establecidas (que determinan la oportunidad y procedencia y velan por la salud pública ya que se trata de animales con destino al consumo humano) sin tener ningún tipo de control profesional. Posteriormente, el grupo asesoraría a sus clientes y les prescribiría los medicamentos a través de las recetas falsas, para lo que era necesario el concurso de los tres veterinarios interrogados. Como derivada, existirían ganaderos administrando medicamentos sin supeditarse a los controles legalmente establecidos. También un fraude fiscal de alcance desconocido y la intención de maquillar las cuentas de la sociedad.

Además del presunto cabecilla, su cómplice y los tres veterinarios (uno colegiado en Burgos, otro en León y otro en Bilbao), el Seprona ha tomado testimonio a las dos personas que han venido ejerciendo las labores de administración en los últimos dos años, ya que la elaboración de recetas con datos falsos implica también el ‘trucaje’ de los albaranes y las facturas. De hecho, en uno de los registros se localizaron las listas de clientes falsos, todos del País Vasco, a cuyo nombre se expedían las recetas.
Algunas explotaciones no existen y otras no son clientes de la empresa investigada, pero el hecho de que sus nombres fueran utilizados para sacar medicamentos animales del circuito legal provocó que la investigación se extendiera hasta la comunidad vecina. Los respectivos servicios territoriales de ganadería de Burgos y Vizcaya han colaborado también en las diligencias.

(Artículo completo en la edición de hoy)