Al Ayuntamiento se le acumulan los problemas medioambientales. A la polémica surgida con el vertedero y la fuga de líquidos lixiviados, se suma la depuradora de aguas donde también se han detectado actuaciones irregulares. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha tenido conocimiento, a través del área de control de vertidos, de que a la depuradora mirandesa llegan aguas residuales de origen industrial sin que exista ningún tipo de regulación municipal en este sentido ni tener autorización para ello.
Unos residuos de los que el organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente exige conocer su procedencia ya que, en ocasiones, cuando la depuradora se ve sobrepasada de trabajo, los residuos se vierten directamente al río, sin ningún tipo de tratamiento previo. Así ocurre, por ejemplo, en época de lluvias, cuando la depuradora no puede absorber toda la cantidad de agua que llega a sus instalaciones y los lodos se desvían al río a través de aliviaderos.
Desde hace 5 años, la CHE ha enviado al Ayuntamiento diversos requerimientos para controlar esta situación pero, según Izquierda Unida, el equipo de gobierno «ha intentado eludir responsabilidades ambientales y de salud pública». La consecuencia es que si antes del 5 de julio no se responde al último requerimiento, la CHE incoará al municipio un expediente sancionador de hasta 10.000 euros.
Una cantidad que podría subir considerablemente si se ordena al Ayuntamiento el pago del canon correspondiente a los vertidos no autorizados, que asciende a 282.744 euros, ya que además se está vertiendo a una zona catalogada de interés comunitario. «Si finalmente hay que pagarlo, se hará por una mala gestión ambiental y de residuos», critica el concejal de Izquierda Unida Guillermo Ubieto, matizando que estos vertidos «no están autorizados, están descontrolados y no tenemos información acerca de ellos ni de sus características». En este sentido, desde Alcaldía se opta por no hacer declaraciones hasta que se redacte un informe al respecto.
Inacción
La CHE requirió al Ayuntamiento la instalación de caudalímetros en los aliviaderos para conocer qué cantidad de caudal se estaba vertiendo al río, pero según IU no se hizo porque «no se consideran fiables», y las analíticas que se han realizado para conocer qué productos tóxicos pueden contener los vertidos las firman «organismos no reconocidos». No se han puesto en marcha, por lo tanto, medidas para reducir los vertidos, y tampoco se ha dado respuesta a la CHE cuando exige que se le presente el plan de saneamiento y la ordenanza municipal de residuos. «La CHE ha recordado al Ayuntamiento que no se aplican las medidas a las que se comprometió en 2010 cuando se otorgó un permiso de 3 años para verter aguas residuales urbanas. No se está respondiendo a los requerimientos pero tampoco se están poniendo medidas para tener esa licencia de vertidos de aguas residuales», destacan desde el grupo de la oposición.
La ampliación de la depuradora, que persigue adaptar la instalación para dar respuesta a todas las necesidades urbanas e industriales, ayudaría a corregir esta situación, evitando vertidos incontrolados y también sanciones, como la que hizo pública este periódico meses atrás, una multa de 901 euros impuesta por la Junta por tirar al vertedero 50 toneladas de lodos procedentes de la depuradora. Unos residuos, que según ha podido saber DB, no se han retirado del vertedero.
Precisamente con respecto al vertedero, se exige al Ayuntamiento que habilite una partida presupuestaria para poder realizar su mantenimiento hasta que la Junta de Castilla y León acometa su clausura definitiva.