La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha liquidado este jueves la política de dispersión utilizada en la lucha contra ETA al aprobar siete traslados de presos, entre ellos Iñaki Bilbao y los otros tres internos que continuaban en cárceles de Andalucía.
Hasta cárceles del País Vasco irán Andoni Murga Zenarruzabeitia, de Zaragoza a San Sebastián, y Jon Zubiaurre Aguirre y Liher Aretxabaleta Rodríguez, que dejarán la prisión de Burgos para ir a la de Álava.
Iñaki Bilbao Goicoetxea, 'Txikito', es uno de los presos que se beneficia de la política penitenciaria del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que dejará el Centro Penitenciario de Puerto III de Cádiz para ir a Topas, en Salamanca.
Amenazas a jueces. Ingresó en prisión el 31 de marzo de 2002 y cumple una condena de 68 años y siete días por asesinato, el del concejal Juan Priede Pérez, colaboración con banda armada, amenazas y daños. No consta acumulación jurídica de su condena, según ha informado Instituciones Penitenciaria, que añade que se ha dispuesto su progresión a segundo grado a propuesta de la junta de tratamiento de Puerto III.
Iñaki Bilbao cuenta con un historial de incidentes penitenciarios, huelgas de hambre -la última en 2020- y amenazas directas a varios jueces, motivo por el que fue condenado. Apartado de la disciplina del EPPK, el colectivo de presos de ETA, 'Txikito' es miembro destacado del Movimiento Pro Amnistía y contra la Represión (ATA).
De la prisión de Puerto III saldrán otros tres presos de ETA: Daniel Pastor Alonso, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Oscar Barreras Díaz, que irán a las cárceles de Zaragoza, León y Logroño, respectivamente. Con esta decisión, los 192 presos etarras que cumplen condena en España se encuentran en la actualidad en cárceles situadas entre Madrid y el norte peninsular.
Atentados con víctimas mortales y niños heridos. Daniel Pastor Alonso, otro de los presos que deja la cárcel gaditana, fue condenado en 2013 a 485 años por el asesinato de Luis Conde de la Cruz. Ese mismo año fue condenado a 45 años de prisión por el atentado que acabó con la vida de Eduardo Antonio Puelles García. Además, en 2013 la Audiencia Nacional le condenó a 3.860 años de prisión por colocar la furgoneta bomba que estalló frente a la casa cuartel de Burgos en la madrugada del 29 de julio de 2009 y que dejó 160 heridos de diversa consideración, entre ellos 41 niños.
Jesús María Echevarría Garaicoechea también tiene una condena como autor del asesinato de Antonio Molina Martín, mientras que el cuarto etarra que dejará la prisión de Puerto III, Oscar Barreras Díaz, fue juzgado y condenado en 1999 por matar a Luis Andrés Samperio Sañudo.
Todos de Madrid hacia el norte. "Todos los presos se encuentran ya en prisiones de Madrid hacia arriba, ya no hay ninguno en ninguna cárcel al sur de la capital", ha señalado en un comunicado la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ha censurado que se ponga fin a la política de dispersión sin exigir colaboración con la Justicia.
Además, la AVT lamenta que el fin de la dispersión llegue con el traslado de Iñaki Bilbao, recordando sus declaraciones sobre que volvería a atentar. La asociación teme que la decisión de progresar a los condenados por terrorismo al segundo grado anticipe la "impunidad" a través de permisos, la libertad condicional "o incluso indultos".
Según los datos de la AVT, con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en junio de 2018 se impulsó un cambio de política penitenciaria que ha propiciado 247 traslados correspondientes a 201 etarras. Al País Vasco o Navarra se han aprobado 66 acercamientos, de ellos 13 por tercer grado y 7 por enfermedad.
Son 96 los terroristas beneficiados por el cambio de prisión, acumulando entre todos 295 víctimas en 215 atentados. En este tiempo también se han aprobado 22 progresiones al tercer grado, pasando la práctica totalidad del resto al segundo grado o régimen ordinario, lo que permite solicitar permisos penitenciarios en cumplimiento de la legislación.
La AVT tiene contabilizado una docena de etarras que no han sido trasladados en los tres años de Gobierno de Pedro Sánchez, aunque todos ellos se encontraban ya o en el País Vasco o en cárceles situadas en la mitad norte. En el listado figuran nombres como el de Gorka Palacios, preso preventivo en Madrid. En cárceles madrileñas están también Natividad Jáuregui, José Ignacio Reta de Frutos e Iurgi Garitagoitia Salegui.
Jon Zubiaurre. Jon Zubiaurre se encuentra en prisión desde 2001 por delitos de estragos, asociación ilícita, atentado, homicidio y tenencia de armas sin licencia. La Audiencia Nacional lo condenó en 2003 a 97 años de cárcel por el asesinato en Hernani del ertzaina Iñaki Totorika. Cumplirá las tres cuartas partes de la pena en septiembre de 2023. En marzo de 2001, Zubiaurre y otro etarra abordaron a un conductor a punta de pistola, lo dejaron atado y amordazado en un lugar conocido como la escuela vieja de Arritxu, en Hernani, y se llevaron su vehículo, en el que introdujeron un artefacto explosivo para dejarlo cruzado en medio de una glorieta para, minutos más tarde, llamar a la comisaría de la Ertzaintza en Hernani.
Cuando los agentes llegaron, los etarras hicieron estallar el vehículo. La onda expansiva y la metralla alcanzaron al ertzaina Iñaki Totorika, que falleció prácticamente en el acto, y a su compañero, que sufrió graves heridas que le dejaron imposibilitado para su trabajo. Fue detenido horas después. Zubiaurre Aguirre cumplirá las tres cuartas partes de la pena en septiembre de 2023. Según Instituciones Penitenciarias, este terrorista acepta la legalidad penitenciaria y ha reconocido por escrito el daño causado.
Liher Aretxabaleta. Liher Aretxabaleta fue condenado en el año 2017 a un total de 535 años de prisión como coautor de un atentado con una furgoneta bomba en el distrito madrileño de San Blas que, el 25 de mayo de 2005, hirió a 45 personas, 14 de las cuales eran policías. La condena impuesta fue de 210 años de cárcel por 14 delitos de asesinato terrorista intentado, en su modalidad agravada, por los policías heridos, y 310 años por otros 31 delitos de asesinato terrorista intentado, a lo que se sumó una pena de 15 años por estragos terroristas en concurso con tenencia de explosivos. Aretxabaleta ya había sido condenado en Francia por delitos de terrorismo y tenencia ilícita de armas.