Las macrogranjas han levantado polémica allí donde se han intentado instalar. Bien lo saben los vecinos de multitud de municipios de la provincia de Burgos, como el ribereño de Fuentemolinos, que ha elevado el problema a los tribunales y también ha mostrado públicamente su rechazo a este tipo de iniciativas participando en actos como la multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Valladolid el sábado 22 de este mes. Miranda, por ahora, ha esquivado este problema, aunque lo cierto es que carece de una regulación propia que le permita rechazar un plan de estas características si alguien intenta promoverlo. No obstante, el equipo de gobierno quiere evitar tener las manos atadas y ya está preparando una normativa para blindarse contra las explotaciones intensivas.

El concejal de Urbanismo, Guillermo Ubieto, explica que han empezado a trabajar en la idea porque «este tipo de proyectos ya se están intentando implantar en lugares de la provincia y la verdad es que son actividades muy perjudiciales». Según comenta el líder local de IU-Podemos, las instalaciones de estas características «suelen generar muy poco empleo y además tienen un impacto negativo porque tienden a provocar un montón de problemas de contaminación, suelen dar inconvenientes en cuanto a la concentración de nitratos, consumen muchísimos recursos hídricos y, encima, perjudican notablemente a la ganadería extensiva, que es la que debe defenderse porque es mucho más respetuosa con los animales, da empleo en las zonas rurales principalmente, ofrece un producto de mayor calidad y no suele estar impulsada en tantas ocasiones por grandes empresas que se llevan fuera de la comarca los recursos, como ocurre con las macrogranjas».

El edil mirandés adelanta que el objetivo final «es prohibir esas  explotaciones intensivas cuando se redacte el nuevo Plan General de Ordenación Urbana». Ahora bien, al mismo tiempo reconoce que «no puede olvidarse que la modificación de ese documento implica un procedimiento muy largo y debe pasar muchísimos filtros», por lo que, antes de que entre en vigor esa amplia normativa local, «se aprobará otro texto y una moratoria» de carácter temporal para garantizar que, cuanto antes, la ciudad cuente con herramientas para esquivar posibles proyectos de macrogranjas. Así, según cree Ubieto, «si en ese proceso de renovación del Plan llegara alguna solicitud de licencia, no se tendrían problemas, porque se dispondría de una moratoria hasta que en el PGOU se regule que no se pueden instalar en todo el término municipal».

El proceso que se ha marcado la Concejalía de Urbanismo guarda semejanzas con el que diseñó para prevenirse ante los macroparques fotovoltaicos que tanto rechazo están levantando en municipios de Álava y del enclave de Treviño. Eso sí, el titular de este departamento aclara que hay una diferencia notable: «la regulación vinculada con las placas solares va a implicar que se les va a limitar mucho el espacio, pero a las macrogranjas, directamente, se les va a prohibir utilizar ninguna parcela de Miranda». Así lo aclara el propio Ubieto, quien destaca que esta última iniciativa liderada por su área municipal cuenta con el respaldo de todo el equipo de gobierno.

La coalición, precisamente, también ha alcanzado un acuerdo sobre cómo regulará los proyectos de parques solares, una normativa municipal que será bastante restrictiva. Pese a ello, en principio no se prevé que afecte a aquellas iniciativas que ya han ido cumpliendo diferentes trámites administrativos y que están cerca de hacerse realidad. En ese listado se encuentran, de manera principal, el plan diseñado en la pedanía de Suzana, que contará con un total de 70 hectáreas, y el de las parcelas situadas frente al futuro polígono de El Bullón, que sumará 7.000 paneles.