La puesta en marcha de unidades de convivencia en cuatro de las cinco residencias de mayores que gestiona la Diputación no van a servir para incrementar el número de plazas de las mismas o reducir la lista de espera para acceder a una de las más de 160 que hay vacantes en estos centros, según trasladó la propia institución provincial al Procurador del Común.

«Además de una pandemia, en las residencias hay obras que por prevención, y necesidad, han obligado a desocupar una serie de plazas en los centros que, poco a poco, la propia Diputación irá ocupando por un interés claro de prestar más servicios a más personas y generar más ingresos», afirmó el presidente de la Diputación, Borja Suárez, que recordó que «estamos en un período de transformación» del modelo de asistencia a las personas mayores, lo que impide «completar al cien por cien la oferta de plazas, oferta que se está transformado y se va a reducir». 

Esta reducción, aseguró el presidente de la institución provincial, viene impuesta porque en los pueblos existe una necesidad sobre las personas más dependientes, no sobre las válidas, «y nuestro modelo tiene que adaptarse necesariamente a ir a un cien por cien de asistencia a los grados máximos de dependencia, que es la que en estos momentos los pueblos nos demandan como problema».

Suárez realizó estas declaraciones en el transcurso de la inauguración de las 14 plazas adaptadas a ese nuevo modelo de convivencia en la Residencia de Mayores de Fuentes Blancas, plazas que serán ocupadas por residentes del propio centro, los más válidos, que disfrutarán de una mayor libertad. En ese proceso de transformación, las unidades de convivencia se implantarán en las dos residencias de Fuentes Blancas, San Salvador de Oña y San Miguel del Monte, en Miranda de Ebro. La que se queda fuera, por un problema de espacio, es la de San Agustín, en Burgos.

En la visita a las nuevas instalaciones, que han tenido un coste de 479.458 euros, Suárez declaró que las actuaciones para habilitar unidades de convivencia, «son obras que modernizan los servicios asistenciales y comprometen la apuesta de la Diputación por los servicios sociales en un debate permanente sobre quién tiene que ejercer la competencia». En este sentido, recordó que la competencia es la Junta, «pero eso no quita para que el resto de administraciones ofrezcan servicios», matizó (...).

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