El Consejo General del Poder Judicial volvió a decir 'no', y ya van tres veces, a la incorporación de un sexto juez en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos que permita aliviar la situación de colapso que vive el tribunal. Para el servicio de inspección, que ha girado varias visitas en los últimos meses, su estado entra dentro de la normalidad y no es necesario que otro magistrado ayude a resolver la congestión. Y eso que, a día de hoy, se está señalando para dentro de dos años.
La noticia no ha pillado de sorpresa en la Sección Primera de la Audiencia, encargada de los asuntos penales. Básicamente porque en las diferentes visitas recibidas por el servicio de inspección del órgano de gobierno de los jueces ya señalaron que, a su juicio, los números no eran alarmantes. Es más, animaron a hacer algunas modificaciones en los métodos de trabajo para conseguir sacar adelante asuntos. Pero en el tribunal burgalés tienen claro que la única forma de aliviar una situación de coplapso es incorporar un sexto magistrado que les permita desdoblarse.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León hizo los deberes en este sentido. Emitió a mediados de julio una solicitud formal, en la que incluso se proponía a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital para hacerse cargo de esa plaza con relevación de funciones por un periodo inicial de seis meses. Pero la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial insistió hace unos días que la medida de refuerzo no está debidamente justificada.
La reivindicación de la Sección Primera comenzó hace casi dos años, cuando se produjo una tormenta perfecta con la resolución de recursos de los juzgados penales y los retrasos acumulados en causas más complejas durante la pandemia. Las huelgas de letrados de la administración de justicia y de funcionarios de 2023 ahondaron en la crítica situación, pero el Poder Judicial no cambió el paso.
Más allá de un magistrado, en la Audiencia Provincial son conscientes de que también es necesario ampliar la plantilla de funcionarios. Por eso, en junio también solicitaron el refuerzo de dos nuevos trabajadores a través de la sala de gobierno del TSJCyL. En un escrito, se exponía que en 2023 la sección penal de Burgos ingresó 84 procedimientos abreviados, una cifra muy superior a la contabilizada en los otros territorios que cuentan con dos tribunales, como es el caso de Santander o Valladolid. Con respecto a los asuntos ordinarios, que fueron 31 el pasado año, Burgos está al mismo nivel que la capital cántabra y por encima de la provincia vecina. Pues bien, ambos órganos tienen el doble de personal.