El Tribunal Supremo puso fin a la batalla iniciada por la anterior corporación del Ayuntamiento de Burgos contra la proliferación de casas de apuestas en la ciudad. Tras aceptar su recurso contra la sentencia del TSJCyL que anulaba la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para impedir que se abriesen más locales en el núcleo urbano, la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo tumbó los argumentos esgrimidos del mismo modo que lo hizo el anterior fallo. Entiende la magistrada ponente que el Consistorio se excedió en sus competencias. No sólo eso, sino que concluye que el acuerdo plenario de 2021 no dejaba margen regulatorio a la Junta, administración que contemplaba una planificación específica sobre distancias mínimas, por ejemplo con centros escolares.

La pelea de la ciudad contra las casas de apuestas se remonta a 2020. El bipartito conformado por el PSOE y Ciudadanos inició los trámites administrativos para limitar nuevas licencias a negocios relacionados con las apuestas. La baza que jugó el equipo de Gobierno fue un cambio en el Plan General de Ordenación Urbana para evitar que se siguieran creando negocios en zonas residenciales, de manera que se limitaban a polígonos y zonas comerciales.

La propuesta fue apoyada por todos los grupos municipales en un pleno municipal celebrado en febrero de 2021. Semanas después, empezó una disputa con la Junta de Castilla y León, que es la administración encargada de regular el juego. La administración regional entendía que la modificación del PGOU tenía un complicado encaje legal, básicamente porque el Ayuntamiento se había excedido en sus competencias. Burgos mantuvo el veto y el choque se trasladó a los tribunales.

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