El entorno de Santa María de Garoña lleva décadas sometido a una intensa vigilancia ambiental de suelos, agua y alimentos que se producen en explotaciones y cultivos cercanos, pero con el comienzo de su desmantelamiento, esa vigilancia ha sumado la búsqueda de nuevos isótopos radioactivos, que hasta ahora no se venían investigando. El Laboratorio de Medidas de Baja Actividad de la Escuela de Ingenieros de Bilbao, perteneciente a la Universidad del País Vasco (UPV), se ocupa desde hace un año de la  medida de esos nuevos elementos dentro del Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental Independiente de la central tobalinesa tras firmar un convenio con el Consejo de Seguridad Nuclear. Por fortuna, no ha encontrado ningún isótopo radioactivo en este tiempo.

Raquel Idoeta, profesora del Departamento de Ingeniería Energética y directora del laboratorio, explica como los trabajos de desmantelamiento generan un nuevo escenario y «los planes de vigilancia ambiental cambian con la vida de las centrales y se adaptan a sus distintas situaciones». En Garoña, los nuevos isótopos radioactivos que ahora se buscan en suelos y sedimentos, agua subterránea, superficial y potable, leche, huevos, cultivos hortícolas y de otro tipo, peces de los ríos y carne son el plutonio 238, el americio 241, el hierro 55 y el níquel 63.

Si ahora se va a medir su posible presencia en las muestras que se recogen en las cerca de 40 estaciones de muestreo que se reparten alrededor de la planta nuclear, es porque los trabajos de desmantelamiento «van a generar demoliciones y cabe la posibilidad de que haya materiales que estaban bien sujetos, por ejemplo, en una pared, que ahora puedan salir», como explica Idoeta. Las demoliciones llegarán en la fase final del desmantelamiento, pero la directora del laboratorio avanza que «se quiere conocer de qué situación partimos antes de llegar a las demoliciones». 

Conocedora de que la fase I del desmantelamiento se centrará en la descarga del combustible irradiado y la adaptación del edificio de turbinas como Edificio Auxiliar de Desmantelamiento, plantea que estos movimientos en la central podrían dar lugar a situaciones que hasta ahora no se han producido. No obstante, que llegue algún isótopo radioactivo al exterior, Idoeta lo considera «muy improbable» y de ocurrir, sería en una cantidad «ínfima, despreciable para las personas», pero, «si encontramos algo, significaría que hay un problema que hay que atajar» y de ello se encargarían el CSN y Enresa.

Hasta la llegada de la UPV al Plan de Vigilancia Independiente, la Universidad de León realizaba esta labor en solitario. Ahora, ambas instituciones comparten tarea, siempre a las órdenes del CSN, mientras que el sector privado realiza el mayor volumen de medidas para Enresa que las envía al CSN. En el caso de la UPV, la especificidad de su trabajo es tan elevada que solo las universidades de Sevilla y Extremadura junto al Ciemat cuentan en España con los medios para su desarrollo.