Las administraciones públicas se encuentran en un momento clave para definir su reestructuración y futura organización. La elevada media de edad de los trabajadores públicos y el aluvión de jubilaciones previsto a lo largo de los próximos años dan paso a un escenario complejo en el que la tasa de reposición no abarca las necesidades a cubrir a corto y medio plazo.
Solo en Burgos la provincia ha perdido el 23% de la relación de trabajadores del Estado. Un dato contundente, puesto que de las 6.424 plazas cubiertas en 2014 se pasaron a las 4.968 de 2024 como consecuencia de un goteo lento por continuo. Una circunstancia que afecta a cuerpos como la Administración General del Estado, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Administración al servicio de juzgados y tribunales.
Estos son los datos oficiales compartidos por el Gobierno central a la pregunta realizada por los senadores populares Javier Lacalle, Salvador de Foronda y Raquel González. Burgos es la provincia de Castilla y León con menor proporción de funcionarios por habitante y el sector público del Estado demanda una intervención más profunda de la planteada en los últimos años.
«Aunque anuncien a bombo y platillo que van a sacar miles de plazas, la tasa de reposición es pequeña», asegura Constantino Rodríguez, responsable en Burgos del sector autonómico de Administración General del Estado de CSIF Castilla y León.
Oferta. Rodríguez insiste en la idea de reforzar las bolsas de empleo previstas en un futuro y una reorganización del sistema para conocer al detalle sus necesidades y urgencias. Si la oferta de empleo público «debería ser mucho mayor en todos los cuerpos», en CSIF abogan por «por la eliminación de la tasa de reposición» como punto de partida para revertir esta situación.
En estas circunstancias, Rodríguez apremia a realizar un estudio que determine cuántas plazas son necesarias cubrir y facilitar el relevo para que se pongan en marcha los mecanismos que aceleren estas contrataciones. Una tarea que requerirá su tiempo, «pero los datos están ahí».
«En Administraciones Públicas saben cuándo entró la gente y saben cuándo se van a jubilar», insiste el representante de CSIF en Burgos, quien tiene en cuenta las proyecciones de futuro. «La media de edad actual es de 56 años y en 2030 será de 60», apunta.
Las jubilaciones de los trabajadores que iniciaron su trayectoria laboral en los 80 pondrán a prueba la capacidad de las administraciones y en 2025 las cifras relacionadas con los retiros «será elevada» en el sector público del Estado «contando el personal laboral con acceso al contrato relevo y los funcionarios que se van a jubilar». «Seguridad Social, Hacienda, Defensa... se necesita mucha oferta», zanja Rodríguez.
Los 23.122 funcionarios que se contabilizan actualmente en la provincia de Burgos, a la espera de la actualización del Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, están distribuidos en tres grandes apartados. Por un lado están los mencionados 4.968 trabajadores del Estado -de los cuales 1.753 son efectivos de la Administración-, los 13.915 de la Junta y Castilla y León y los 4.239 pertenecientes a los organismos locales. El territorio cuenta con un 13% de los trabajadores públicos existentes en la Región, una lista encabezada por Valladolid, con 38.994 efectivos, León, con 31.381, y Segovia, con 26.128.