Entre 2020 y 2023, los autónomos burgaleses recibieron un total de 54,8 millones de euros en las denominadas Prestaciones Extraordinarias por Cese de Actividad (Pecata), ayudas otorgadas por la Seguridad Social y gestionadas por su red de  mutuas colaboradoras, que apoyaron a aquellos empresarios que suspendieron totalmente o redujeron su actividad como consecuencia del estado de alarma decretado por la pandemia.

En Burgos, según las estimaciones de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), se han reconocido 20.121 prestaciones extraordinarias desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2023, buena parte de las mismas solicitadas desde los sectores más castigados por los confinamientos sanitarios y el parón de actividad, principalmente en la hostelería y el comercio.

Antes de otorgar provisionalmente la ayuda, las mutuas ya denegaron el 6,7% de las peticiones presentadas en Burgos (1.468 en números absolutos) por problemas en la documentación o por incumplimientos en los pagos de las cuotas a la Seguridad Social, entre otros motivos diversos.

Desde hace unos meses es la Agencia Tributaria la que está solicitando -mediante el envío de escritos a los afectados- la devolución de las mismas a aquellos autónomos que no han justificado tributariamente los motivos por los que las pidieron.

La mayor parte de los apelados  incumplen en el capítulo de los ingresos. Básicamente, su tributación durante el periodo de excepción de la pandemia no demuestra que su facturación descendió hasta los niveles exigidos en las diferentes convocatorias del Pecata, por encima de un 75% de pérdidas con respecto a periodos anteriores a la pandemia fijados en las convocatorias.

En las asesorías laborales, según detalla Benito Saiz, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales, sí se están recibiendo y gestionando desde hace unas semanas estos requerimientos de la Agencia Tributaria, aunque su número no indica, en principio, que haya un incumplimiento generalizado entre los autónomos locales.

Saiz recuerda que estas ayudas fueron extraordinarias para un periodo extraordinario. Fijaban unas condiciones económicas extremas en los negocios para su concesión, pero eran los propios autónomos los que firmaban una declaración de intenciones sobre lo que estimaban que iban a perder durante los confinamientos.

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