La organización ecologista Greenpeace considera que Santa María de Garoña debe pasar por una evaluación de impacto ambiental que tenga en cuenta el contexto transfronterizo antes de renovar su licencia de explotación. Ante la ausencia de este proceso, sus responsables están preparando una denuncia internacional que presentarán ante la Secretaría del Convenio de Aarhus, la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa y la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea y en la que demandarán que se lleve a efecto esta evaluación. 

El pasado día 19, Greenpeace dirigió cartas en este sentido al Ministerio de Industria, al Ministerio de Medio Ambiente, al Consejo de Seguridad Nuclear y a la empresa propietaria Nuclenor. En ellas le expuso las razones por las que entiende obligatorio pasar por el trámite de la evaluación ambiental y les requirió información sobre «cuándo y cómo se llevará a cabo este proceso». Esta obligación, según Greenpeace, se estableció el 7 de junio en la reunión de las partes del Convenio de Spoo, al que están adheridos todos los países de la Unión Europea, entre otros.

Para Greenpeace la ampliación de la vida útil de un reactor, en este caso hasta los sesenta años de actividad, «implica riesgos considerables para el medio ambiente con impactos potencialmente transfronterizos». Greenpeace cita «un posible aumento del riesgo de problemas de compatibilidad, como resultado de la instalación de nuevas piezas y que ello pueda conllevar un accidente grave con emisiones radioactivas». Asimismo, alerta sobre «una ampliación del 20% del tiempo en el que el reactor está expuesto a potenciales ataques malintencionados, terroristas, sabotaje o actos de guerra». Y por último, señala «una ampliación del 20% del tiempo en el que el reactor está expuesto a los desastres naturales que en combinación con un fallo técnico o humano o ataque malévolo, podrían ocasionar emisiones radioactivas».

Mientras, el martes acaba el plazo para que Nuclenor presente ante el Consejo de Seguridad Nuclear una previsión de fechas para llevar a cabo todos los trabajos que se le exigen para poder volver a arrancar el reactor. Ante esta petición de Greenpeace, Nuclenor no quiso pronunciarse y señaló que trabaja con la vista puesta en el día 30.