El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, defendió ayer la supresión en la práctica del impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos en la Comunidad, que contará con el tributo en esa categoría más bajo de España, y anunció que no será la última bajada de impuestos, porque se avanzará en la fiscalidad rural.

Mañueco asumió en primera persona el compromiso de su Gobierno y él mismo se encargó de presentar el proyecto de ley ante el pleno de las Cortes. En su intervención destacó como positivas para el crecimiento económico las donaciones en vida y para facilitar el relevo generacional y apuntó a jóvenes que heredan una explotación agrícola o ganadera, así comoa  quien quiere mantener un comercio de proximidad.

«Esta en juego el futuro de muchos jóvenes y la creación de empleo», sostuvo el presidente, que aseguró que es una bajada de impuestos que beneficia a todos los contribuyentes que se ahorran 35 millones, ya que incentivará el consumo y la renta, y favorecerá el crecimiento económico, el empleo y una mayor recaudación.

El presidente de la Junta confrontó el modelo fiscal de PP y Cs de bajar impuestos para reactivar la economía y la creación de empleo con el de la izquierda de subir impuestos. Y aseguró que no siempre incrementar los tributos supone una mayor recaudación y al revés, dado que estimó que menos impuestos aumenta la actividad.

Fernández Mañueco defendió una fiscalidad moderada, justa y equitativa que permite en Castilla y León mantener la calidad de los servicios públicos y tener un endeudamiento reducido.

Además, aludió a un informe del Consejo General de Economistas en el que Castilla y León figura entre las tres comunidades con la fiscalidad más favorable en el medio rural y la primera en apoyo a las familias, pero también estaba entre las autonomías con la tributación más alta en sucesiones y donaciones, algo corregido ayer con la ley aprobada.

El proyecto de ley contempla tanto en la modalidad de sucesiones como de donaciones una bonificación del 99 por 100 de la cuota íntegra del impuesto en las adquisiciones efectuadas por el cónyuge -se extiende a parejas de hecho con dos años de convivencia-, descendientes o adoptados, o ascendientes o adoptantes, lo que supone su práctica eliminación.

Críticas de la izquierda.

El proyecto de ley se aprobó con los votos de PP y Cs, formaciones que sustentan el Gobierno autonómico pero que no tienen ya la mayoría de la Cámara, a las que se unieron los procuradores de Vox, UPL y Por Ávila (43 de los 81 procuradores). El rechazo a la supresión en la práctica de este tributo contó con los votos del Partido Socialista y Podemos, a los que se unió la procuradora no adscrita, María Montero, favorable a su eliminación pero no en este momento de emergencia económica y sanitaria, según informa Ical.

La socialista Rosa Rubio y el popular Raúl de la Hoz mantuvieron un encendido debate en el que la primera criticó el modelo de los socios de Gobierno por beneficiar a los ricos en detrimento de los servicios públicos, mientras que el segundo acusó a «la izquierda radical» de querer que Castilla y León tenga la tributación más alta.

En la defensa de cinco enmiendas vivas al pleno, la socialista Rosa Rubio, que dudó que llegue a 15.000 personas, defendió un modelo fiscal progresivo, insistió en que el texto solo beneficia a los más ricos. Rubio acusó a la Junta de mentir por decir que favorece a transmisiones de empresas, explotaciones agrarias o la extensión a parejas de hecho cuando eso ya existe y enumeró algunos casos con un gravamen cero, dado que en Castilla y León están exentos de este impuesto las herencias individuales de 400.000 euros.

De la Hoz, por su parte, calificó el día como «histórico para Castilla y León». «Hoy por tercera vez, se vence al sanchismo y a lo peor de él», afirmó el popular, que citó la moción de censura, la sentencia que obliga a pagar el IVA de 2017 y la supresión de este impuesto.

La aprobación de este proyecto de ley estaba prevista hace un año, pero la pandemia le retrasó, en un primer momento, y también el pacto para la recuperación, donde a instancia del PSOE se optó por dejarle en la recámara, si bien la Junta le reactivó tras la moción de censura al estimar roto este acuerdo.