La concejala del PSOE Sonia Rodríguez ha denunciado esta mañana el "desinterés más absoluto" del equipo de Gobierno del PP y Vox para propiciar la firma del convenio con el Ministerio de Justicia para que el Ayuntamiento de Burgos pueda hacerse con los 600 metros cuadrados que ocupa la Gerencia de Justicia en el edificio del centro cívico de San Juan a cambio de su trasladado a un local y a una entreplanta de titularidad municipal en el número 28 de la avenida de la Paz.

Rodríguez ha afeado que el Ministerio de Justicia, que ya envió un borrador del convenio de cesión, se ha puesto en contacto en varias ocasiones con el Ayuntamiento sin haber obtenido respuesta y ha culpado de esta pasividad tanto al concejal de Patrimonio, Ángel Manzanedo, como a la edil de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros.

Por otro lado, Rodríguez ha expresado su preocupación porque en este momento en la Gerencia de Servicios Sociales se acumulan pendientes de resolver 300 valoraciones de riesgo a la infancia. Aunque entienden que las de riesgo más severo son atendidas con prioridad, ha expresado que todos estos trabajos deberían resolverse.

La edil socialista ha reconocido, aunque lo ve insuficiente, que sí se ha mejorado en las valoraciones de dependencia, al haber ahora pendientes 766 (hace unos meses superaban el millar), pero la prioridad en este trabajo está provocando que otras tareas no se estén resolviendo con agilidad. Es el caso de las valoraciones de riesgo a la infancia.

Para Rodríguez existe un importante problema de personal en los Centros de Acción Social (CEAS), ya que aunque se han incrementado el número de trabajadores sociales en estos espacios (hay en la actualidad 32) lo que no puede ser es que hay sólo medio auxiliar administrativo por cada centro. La concejala del PSOE ha exigido que haya un auxiliar por cada espacio y ha exigido al Ayuntamiento que sea reivindicativo con la Junta de Castilla y León para que, dentro del convenio marco, financie este gasto de personal.