No ha durado ni tres san valentines el nombre de Juan García-Gallardo dentro de la escena política de Castilla y León. Un 8 de enero del año 2022 se anunció el nombre compuesto con coletilla germana de un desconocido abogado como cabeza de lista de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León, y el 3 de febrero de 2025 ha puesto punto y final a una carrera marcada de principio a fin por las palabras gruesas, la tensión permanente y una continúa confrontación. El que probablemente haya sido el político más polémico de Castilla y León de los últimos tiempos deja las moquetas y los focos con una hemeroteca en la que hay ataques contra casi todo (y todos):movimiento feminista, Agenda 2030, sindicatos, partidos políticos, inmigración, cambio climático... Siempre defendió que él perdía dinero en la política, especialmente cuando alguna de las polémicas que generó avivaban las críticas por sus ingresos como vicepresidente –unos 90.000 euros– y por la ausencia de competencias vinculadas a una consejería del Gobierno autonómico.
El 13 de febrero de 2022 dio la campanada en las elecciones autonómicas y el 10 de marzo se convirtió en el primer cargo electo de Vox con poder institucional real tras ser el segundo vicepresidente de Alfonso Fernández Mañueco en un gobierno de coalición. Más de un año se pasó solo gritando en el desierto de la política nacional hasta que otras regiones siguieron el camino del pacto PP-Vox. Y desde el primer día, antes incluso de las elecciones, García-Gallardo llevó de apellido la palabra «polémica». Primero fueron unos tuits antiguos en redes sociales que fueron calificados de «homófobos, racistas y machistas».
Su estreno en las Cortes como vicepresidente también llevó el sello de la polémica cuando, en su respuesta a una procuradora del PSOE con discapacidad, aseguró que la iba a tratar «como si fuera una persona como todas las demás». Lleva menos de un año en el cargo cuando en enero de 2023 se sentó en la sala de prensa tras un Consejo de Gobierno para anunciar un nuevo protocolo antiaborto en el que animaba a las mujeres a escuchar el latido del feto. Una crisis interna que puso contra las cuerdas el pacto de PP y Vox, y que obligó al Gobierno central a intervenir y a Fernández Mañueco a desmentir en varias ocasiones la existencia del protocolo. Y es que no fueron pocas las veces en las que los socios de Gobierno visibilizaron públicamente sus discrepancias ideológicas.
Lo mismo ocurrió con la violencia de género. En rotundo se negó García-Gallardo a condenar como violencia machista los asesinatos de mujeres que se produjeron y el burgalés se va de la política sin conseguir que Castilla y León cuente con una ley contra la violencia intrafamiliar, que fue la manera en que Vox trató de defender su coherencia en esta materia al incluirla en su programa de legislatura.
Otro de los puntos que más ha dolido a García-Gallardo en esta legislatura ha sido que finalmente el PP no aceptara derogar el vigente Decreto de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, al rechazar tramitar la 'Ley de Concordia' que ambos partidos habían pactado. En esta materia, las palabras de García-Gallardo siempre han levantado polémica, con duros ataques al PSOE y referencias hacia el franquismo, un periodo que aplaudió por ser los únicos «36 años en los que –los socialistas– no pudieron robar».
Pero fue la inmigración el detonante de su salida del Gobierno de coalición. Después de hablar de «invasión migratoria» y vincular la presencia de inmigrantes con la inseguridad ciudadana y la delincuencia, la decisión de las comunidades del PP de aceptar la acogida de 347 menores migrantes, llevó a Vox a dar por rotos sus pactos de Gobierno en las cinco comunidades en las que cogobernaban, y supuso el adiós forzado y las primeras críticas públicas de García-Gallardo a la cúpula del partido.