De nuevo la necesidad de Pedro Sánchez convirtió en virtud las últimas cesiones al independentismo catalán para no hacer descarrilar la inestable legislatura en la que decidió embarcarse. Jugando a dos bandas, el presidente del Gobierno respiró y cogió oxígeno esta semana después de que Junts diese marcha atrás y le retirase la cuestión de confianza que pesaba sobre su cabeza como una negra sombra porque iba a retratar su enorme debilidad parlamentaria. 

¿Esa claudicación de los de Puigdemont le saldrá gratis al socialista? Con seguridad, no. Los postconvergentes ya avisaron que aflojaban la presión para dar «margen y tiempo» a Sánchez con el fin de materializar el cumplimiento de los acuerdos pendientes. Junts esperará ahora un tiempo para ver convertida en realidad otra de sus grandes exigencias: el traspaso de las competencias en materia migratoria, que sigue todavía bloqueado mientras Alianza Catalana, la formación nacionalista de ultraderecha, continúa ganando fuerza en Cataluña y comiéndoles terreno, junto con la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

La otra concesión hecha a los independentistas en los últimos días, esta a los de Esquerra, también retrató de quién depende Sánchez para seguir en la Moncloa y cómo funciona su mandato, con una continua huida adelante. Lo suyo es un puro «vive otro día» pero lo cierto es que le funciona.

De hecho, fue el líder de ERC, Oriol Junqueras, el primero en anunciar la nueva prebenda. El pasado lunes, Esquerra se cobró parte del pago por la investidura de Illa y de Pedro Sánchez y su minuta no resultará barata, porque supone la condonación de 17.104 millones de euros de la deuda catalana que ahora asumirá el Estado, o lo que es lo mismo, la ciudadanía española. 

Aunque la gran mayoría del resto de las Comunidades ya han manifestado su rechazo a esta operación, el Gobierno pretende camuflar la cesión como una medida de puro interés general, perdonando 83.000 millones a todas las regiones.

 Así las cosas, el Gobierno llega a estas alturas del año con una serie de titulares que, en su complicada relación con Junts y ERC, allanan el camino para cumplir el objetivo que Pedro Sánchez repite una y otra vez que va a conseguir: agotar la legislatura.

Desde Cataluña no le llegan malas noticias en este sentido. Desde que la formación de Carles Puigdemont presentó su proposición para que Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza, el Gobierno siempre albergó la esperanza de que acabara retirándose.

Tras dilatar primero el Congreso su tramitación para aceptarla posteriormente con un texto reformulado, Junts finalmente se acogió a la petición del verificador internacional que media en sus encuentros en Suiza con el PSOE, Francisco Galindo, para dar marcha atrás y anunciar que interrumpe su recorrido. Eso sí, añadiendo que la confianza con Sánchez sigue «absolutamente deteriorada», como reconoció su secretario general, Jordi Turull.

Fue su forma de marcar territorio para negociar el traspaso de competencias en inmigración, un asunto ante el que el Gobierno viene asegurando desde hace semanas que está muy avanzado pero que hasta ahora no se ha concretado.

No ha sucedido así con otro acuerdo que estaba pendiente con Esquerra a cambio de la continuidad de su apoyo: la quita del 22% de la deuda catalana, lo que se traduce en 17.104 millones de euros.

Negociaciones aceleradas

La coincidencia de la decisión de Junts y del acuerdo con ERC deja entrever que son el resultado de unas negociaciones que el Gobierno ha acelerado de forma notable en las últimas semanas con ambas formaciones. Incluso con la mediación, no confirmada oficialmente, del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

La satisfacción que se respira en el Gobierno por la conjunción de acuerdos es patente y le lleva a asegurar que todo es fruto del diálogo y que queda reforzada la idea de que hay legislatura para rato.

Para certificarlo, aparte de que se concrete cómo se salva el escollo de las competencias en inmigración, la principal asignatura que le queda pendiente al Gobierno son unos nuevos Presupuestos. Un trabajo que, a la vista de los acontecimientos, el Ejecutivo considera viable porque ve que hay «condiciones políticas» para el optimismo.