El Ayuntamiento ya tiene la única herramienta de la que carecía para obligar a las comunidades de propietarios a pasar la Inspección Técnica de Construcciones (ITC): un convenio vigente con seis colegios profesionales (Arquitectos, Aparejadores, Ingenieros Industriales, Ingenieros Técnicos, Ingenieros Agrónomos e Ingenieros Agrícolas) para que sean ellos, como profesionales acreditados por Ley, los que la realicen a petición de la Concejalía de Licencias.
A partir de enero, tal y como confirmó la titular de la Concejalía, Dolores Calleja, a aquellas comunidades que hayan sido requeridas por no haber pasado la ITC en plazo se las abrirá un expediente sancionador. Después, el Ayuntamiento encargará el trabajo a un profesional (las listas las entregan los Colegios) y repercutirá el coste a la propiedad. Además, no cumplir con esta obligación supone no poder optar a la línea de subvenciones estatales que se activará en 2014 para financiar en condiciones blandas todas las obras que sea necesario acometer.
«Estamos detectando que se demoran por el miedo a que la ITC resulte desfavorable, pero esto lo único que garantiza es una sanción. Además, el Ayuntamiento abre un plazo lógico para que esas actuaciones se puedan ejecutar durante un periodo de tiempo», concretó Calleja. Es decir, que los propietarios no se encontrarán con la derrama al día siguiente de recibir a un arquitecto o aparejador, si se trata de una vivienda residencial urbana.
Hasta la fecha se ha requerido formalmente a 83 comunidades de propietarios que deberían haber pasado ya la ITC y no lo han hecho; ellos serán los primeros en recibir la sanción si no cumplen. Sin embargo, Licencias podría encontrarse en breve con un carro de multas porque, de los 1.240 inmuebles que deben someterse a la ITCantes de que termine el año, únicamente lo han hecho 245.
Sostener el sector
Además de obligar al cumplimiento de un Reglamento de Urbanismo que data de 2004, la ITC «mejora la calidad de vida de los ciudadanos, revaloriza sus propiedades y genera empleo en un momento en el que la obra nueva se ha reducido de forma drástica», valoró el alcalde, Javier Lacalle. Jesús Manuel González, del Colegio de Aparejadores, abundó en ese argumento recordando a los propietarios que la ITCno constituye un gasto (sale a unos 120 euros por propietario en un edificio con ocho viviendas), sino «un ahorro de futuro».
Álvaro Jaime Díaz, presidente de los Arquitectos, fue más allá y recomendó a las comunidades que su técnico lo sea «de cabecera», por el valor y la seguridad que aporta un profesional que conoce los intestinos del edificio.