La negociación de la Junta ha permitido incluir dentro de las enmiendas del Partido Popular, que con su mayoría garantiza que saldrán adelante, gran parte de sus reivindicaciones sobre los cambios en el proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más la conocida como Reforma Local.

 

 De este modo, dentro de las 19 enmiendas presentadas por el Grupo Popular en el Congreso figura la ampliación de tres meses a un año del plazo para que las entidades locales menores puedan presentar sus cuentas y evitar así si posible disolución. 

 

Así, con fecha de 31 de diciembre de 2014, las entidades de ámbito territorial inferior al municipio deberán presentar sus cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva para no incurrir en causa de disolución, señala la enmienda, según publicó Ical.

 

Consultorios. En el caso del mantenimiento de los consultorios médicos también se han producido avances importantes respecto al planteamiento inicial del Gobierno. En su enmienda, el PP apuesta por la coordinación mediante convenio, con la comunidad autónoma, para la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5.000 habitantes. De este modo, las diputaciones podrían asumir  esta labor. 

 

Por otro lado, el Grupo Popular recoge que en el plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor de la Ley, las comunidades autónomas asumirán de forma progresiva, un veinte por cien anual, de la gestión de los servicios asociados a las competencias sanitarias.

 

A estos efectos la comunidad autónoma, elaborará un plan para la evaluación y reestructuración de los servicios, si bien en caso de no ser asumidos por las autonomías en ese periodo se prestarán por los municipios, diputación provincial o entidad equivalente con cargo a la Comunidad Autónoma.

 

Servicios sociales. En el apartado de servicios sociales, las comunidades autónomas asumirán la titularidad de esas competencias, con independencia de que su ejercicio se hubiese venido realizando por Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, o cualquier otra Entidad Local.

Se trata de la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social que corresponde a las Comunidades Autónomas y deberán asumir con fecha de 31 de diciembre de 2015, si bien la Junta pedía cinco años. Si en ese periodo no se ha asumido por la Comunidad, se prestará por los municipios con cargo a la comunidad.