No hay sitio. Ese es el argumento que esgrime el Ministerio de Justicia para explicar por qué no implanta las nuevas unidades judiciales que reclama el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para el partido judicial de Burgos. En el último anuncio del departamento que dirige Félix Bolaños la capital burgalesa -y también el resto de circunscripciones provinciales- se quedó fuera del programa ministerial de creación de nuevos juzgados. En el último Consejo de Ministros de 2023 se acordó la apertura de 70 nuevos órganos en toda España y ninguno de ellos cayó en estas tierras, a pesar de las insistentes reivindicaciones de jueces, abogados y procuradores para la puesta en marcha de un cuarto juzgado de lo social y de una  segunda sección penal en la Audiencia.  

Pues bien, uno de los razonamientos que explicita el Ministerio es que «en el caso del partido judicial de Burgos la falta de disponibilidad de espacio para la ubicación de nuevas unidades judiciales» resulta «determinante», según la respuesta del Gobierno a una pregunta planteada por los senadores populares Javier Lacalle, Salvador de Foronda y Raquel González. O sea, que no hay hueco en el edificio de Reyes Católicos para un cuarto juzgado de lo social, cuando se trata de un inmueble estrenado en el año 2006. O quienes lo diseñaron no previeron que fuera a crecer la planta o bien en el Ministerio no hay voluntad de hacer hueco a ese órgano en algún lugar de los 11.000 metros cuadrados de que dispone ese 'palacio' de Justicia. Más parece que se trate de esta segunda posibilidad, puesto que en 2017 Justicia sí encontró un lugar donde poner en marcha el octavo juzgado de primera instancia. Y en 2020 hizo lo propio habilitando espacio para el noveno, que después se especializaría en Familia. 

La rehabilitación del palacio de justicia del paseo de la Audiencia concluyó en 2012. Es cierto que el presidente del TSJ, José Luis Concepción, siempre ha criticado que nació, o resucitó, falto de espacios. Pero para crear la sexta plaza en la sección penal de la Audiencia Provincial, que dé lugar a una segunda sala, no precisa de demasiada superficie. Con habilitar un despacho bastaría.

En la contestación al PP, que preguntaba por la marginación de Burgos en la creación de nuevos juzgados, el Gobierno aduce que las nuevas unidades figuran en una programación anual que se realiza tras hacer una valoración de las propuestas anuales de las Comunidades autónomas con competencias en materia Justicia -no es el caso de Castilla y León- y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

También tiene en cuenta las peticiones recogidas en las memorias de los tribunales superiores de justicia, que en el caso del de esta región lleva incluyendo la reivindicación del cuarto juzgado de lo social desde hace lustros. También pide un tercero de primera instancia e instrucción tanto en Miranda de Ebro como en Aranda de Duero.

Asimismo, el Ejecutivo advierte de que también toma en consideración otras variables, como el dato de la carga de trabajo de los órganos judiciales en funcionamiento. En este sentido, señala que el 86% de los juzgados de la provincia, referenciados a diciembre de 2022, no superan el módulo. Es decir, que los procedimientos que soportan no rebasan los que marca como normales el Consejo del Poder Judicial.