La industria burgalesa está inmersa en una revolución silenciosa hacia la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático sin precedentes históricos. Prueba de ello es que 2024 cierra como el ejercicio en el que mayor volumen de potencia eléctrica de alta tensión se ha solicitado en la provincia para transformar procesos industriales térmicos que usan combustibles fósiles o crear nuevas empresas y complejos vinculados a nuevas tecnologías digitales y el hidrógeno. 

El año cierra con 143 peticiones aceptadas en alta tensión (más de un kilovoltio) que suman un total de 516 MW, una demanda histórica que casi quintuplica la capacidad eléctrica instalada en las diez mayores compañías ubicadas en Burgos (Bridgestone, Ubisa, Adisseo, Benteler, Campofrío...).

Para hacerse una idea de la dimensión extraordinaria de esta petición en tampoco espacio de tiempo, la factoría que más electricidad consume actualmente en Burgos en sus procesos productivos solo alcanza los 15MW. Si el balance de 2024 -que no incluye la demanda en baja tensión de energía para pequeños consumidores y viviendas- se hace realidad, serían 34 factorías equivalentes y una ingente cantidad de millones de euros en juego que, en esta fase inicial, aún no se han cuantificado. 

En juego hay peticiones de entre 10 y 50 MW aceptadas, que disponen de un plazo de 5 años para contratar las obras. 

Son datos facilitados por Iberdrola, la distribuidora de referencia en más del 90% del territorio provincial, incluyendo la capital y los principales núcleos de población (salvo Melgar y Medina de Pomar), que es la que gestiona por orden de llegada este aluvión de solicitudes de suministro eléctrico. Todas ellas son de 45 kilovoltios y están refrendadas por un aval económico presentado por los solicitantes y visado por la Junta de Castilla y León, aval estipulado en 40 euros el kilovatio y que ha servido para depurar las peticiones meramente especulativas. 

En este mismo sentido, desde el 12 de enero han cambiado las especificaciones de acceso y conexión a la red, lo que obliga a los solicitantes a acreditar, entre otras exigencias, el derecho que tienen sobre la ubicación del proyecto (documento de propiedad, alquiler o contrato de intención) donde van a realizar la inversión. Asimismo, los polígonos industriales o actuaciones urbanísticas residenciales deben ser presentados por agentes urbanizadores acreditados.

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