La Diputación de Burgos atenderá en una primera fase, en función del grado de urgencia de los proyectos de demolición, a 28 de las más de ochenta peticiones de 'auxilio' formuladas por otros tantos municipios para tramitar hasta su resolución complejos expedientes de ruina que requieren de personal especializado y recursos que no todos los ayuntamientos tienen para destinarlos a este problema, uno de los más importantes que tienen los alcaldes de los pequeños municipios.

La Junta de Gobierno de la institución provincial aprobó el viernes, a la vista de los informes emitidos por los técnicos de la empresa pública Tragsa, a la que se encargó la redacción de los mismos el año pasado, un listado con las 'prioridades', es decir con los pueblos que tiene edificio en riesgo inminente de derrumbe o un nivel alto. En el primero de los casos figuran las peticiones de Alcocero de Mola, Bañuelos de Bureba (dos inmuebles), Castil de Peones, Gumiel de Mercado, Palacios de Ríopisuerga, Peñaranda de Duero, Quintanilla San García, Covanera, San Felices del Rudrón y Villaescusa la Sombría.

En el segundo nivel de intervención se encuentran las solicitudes presentadas por Alcocero de Mola, Alfoz de Santa Gadea, Barbadillo del Pez, Huérmeces, San Pantaleón del Páramo, Iglesias, Marmolar; Mecerreyes, Monasterio de la Sierra, Palacios de Ríopisuerga, Peñaranda de Duero, Revillalcón, San Andrés de Montearados, Valmala, Villafruela (dos) y Villanueva de las Carreteras. 

«La voluntad del equipo de gobierno es la de continuar con este programa», aseguro José María Sendino, diputado responsable del Sajuma, servicio que será el encargado de la tramitación de los expedientes y proyectos de ejecución de los derribos de inmuebles, que en muchas ocasiones suponen un gran peligro para los vecinos.

Además de este asunto, la junta de gobierno, de la que informó la portavoz del PP y vicepresidenta tercera, Inmaculada Sierra, aprobó la prórroga del convenio de colaboración con la Fundación Candeal-Proyecto Hombre, para la prevención y tratamiento de las drogodependencias en la provincia, por una cuantía de 208.518 euros. Asimismo, se dio cuenta de la prórroga del que mantiene con la Asociación Párkinson Burgos al que se aporta 25.000 euros. Sierra aseguró que la Diputación está muy satisfecha con la labor que realizan estas dos organizaciones en la provincia «porque en ocasiones llegan donde nosotros no podemos hacerlo con nuestros servicios».

En la misma sesión se aprobó el reparto de subvenciones a ayuntamientos y entidades privadas sin ánimo de lucro para gastos de mantenimiento de centros y desarrollo de programas de servicios sociales. En total, aseguró Sierra, se han recibido 76 solicitudes de las que se han estimado 55, que se repartirán 195.941 euros.

Otra de las convocatorias de ayudas que se resolvió fue la relativa a la construcción de cercados y abrevaderos para el ganado en montes de las entidades locales durante este año y la ampliación del plazo de ejecución y justificación de las subvenciones. Esta convocatoria anual, una de las que cuenta con mayor demanda, está dotada con 300.000 euros.