El concejal de Licencias, Manuel Manso, anunció la semana pasada que el equipo de Gobierno tenía cerrado un acuerdo con la Federación Provincial de Hostelería para la modificación de la ordenanza de terrazas en Burgos, pero el sector desmiente este hecho al desconocer si en el borrador del documento se han incluido sus aportaciones. «La hostelería no ha tenido acceso al documento definitivo, de modo que no sabemos si han plasmado nuestras propuestas. No puede haber consenso si no hemos leído el borrador», afirmó el presidente de la patronal, Enrique Seco.
El sector apostaba por tratar de restringir menos el espacio a ocupar por las mesas y las sillas, pero siempre respetando la normativa de accesibilidad y rebajar las sanciones por incumplimiento. También lamentan que el Ayuntamiento no haya instalado después de varios meses el pavimento podotáctil para delimitar los veladores en las zonas singulares, que son aquellas que la ordenanza considera que tienen una tradición hostelera, pero las calles son estrechas y la única salida es situarlas junto a las fachadas pero colocando un pavimento especial para garantizar un itinerario seguro en base a la Ley de Accesibilidad. Finalmente, se delimitará mediante fresado y no a través de pintura con resalte en el suelo. Esta situación impide que se concedan las licencias a terrazas ubicadas en ellas.
Los responsables del equipo de Gobierno no han avanzado los cambios introducidos en el documento de manera pública hasta no trasladarlos a la oposición. El PP necesita el apoyo de Vox o del PSOE para poder aprobar la modificación. Se da por segura la rebaja de las sanciones. Sin embargo, lo que realmente preocupa a los hosteleros es la resolución de las peticiones de licencia, que se han retrasado por falta de personal.
El Ayuntamiento recibió un total de 642 solicitudes, de las que a finales de diciembre solo 85 estaban autorizadas. Había otras 297 que en teoría han decaído debido a que los hosteleros no habían completado toda la documentación a pesar de los diferentes requerimientos que se han realizado y se ha incurrido en cese de actividad. Además, otras 180 están sin responder por parte de la administración, lo que si se interpreta la ordenanza se considerarían rechazadas por silencio administrativo. No obstante, el Ayuntamiento tiene la obligación de responder y emitir una resolución, bien concediendo la autorización o denegándola.
Manso anunció un plan de choque para su resolución, pero ello requiere dotar al área de Licencias de más personal. Tampoco se ha avanzado en la ordenanza fiscal, que es la que regula el cobro, de modo que los hosteleros no saben los que van a pagar en 2025.