El concejal de Hacienda, David Jurado, siempre había confiado en que la implantación de la administración electrónica en el Ayuntamiento de Burgos iba a ser clave para agilizar la tramitación de las facturas, pero a tenor de los datos del primer trimestre de este año no está siendo así. Se ha tardado una media de 78 días, lo que excede del plazo máximo legal que son 60 desde que entra hasta que se tramita para su pago. Incluso ha empeorado un poco respecto al mismo periodo de 2022, cuando alcanzó los 74, y mejorado en relación al último trimestre de ese mismo año, que fue de 83 días.
Según el informe del Órgano de Gestión Tributaria y Tesorería, de enero a marzo se pagaron 1.595 facturas por un importe de 26,2 millones, de los que solo 1,9 se hicieron dentro del periodo legal. Por el contrario, al final del trimestre quedaban 2.400 facturas pendientes por un importe de 23 millones, de los que 10.
Tampoco se ha logrado mejorar en el periodo medio de pago a los proveedores, es decir, el que una vez que el área económica da el visto bueno a la factura, se abona dentro del plazo legal que es de 30 días. En enero de este año la media fue a 33,84 días, mientras que en febrero llegó a 40,46. Por el contrario, en marzo sí se consiguió pagar a 23,31 días. De las 2.030 facturas tramitadas en este primer trimestre, 439 (un 21,63%) se conformaron fuera del plazo.
El edil de Hacienda asegura que el problema no está en el momento de pagar sino antes. «Todas entran por el registro de facturas, que está en Intervención, de ahí se deriva a la sección correspondiente para comprobar que se ha prestado el servicio para que la aprueben y vuelven a Intervención para pagarla», aseguró.
De este modo, tal y como se recoge en el informe de Tesorería, el problema principal de incumplimiento está en el «periodo comprendido entre el momento en que se presta la conformidad a la factura y en el que se aprueba el gasto». Por el contrario, el periodo que transcurre entre la contabilización de la obligación y el pago «no existe un problema grave».
Recomendaciones. Entre las sugerencias que se hacen para mejorar la situación se señalan: una reorganización del procedimiento, el refuerzo de los medios personales encargados de la ejecución de los pagos materiales, dado que en la actualidad hay un 37% de puestos vacantes, y la integración del programa de contabilidad con el de gestión tributaria con el objetivo de poder embargar aquellas facturas o parte de ellas que pertenecen a un acreedor del Ayuntamiento que a la vez es deudor.
Finalmente, se recomienda una auditoría para determinar de forma más «fehaciente» las causas de esta situación y que la administración electrónica no resuelve.