No son unos okupas al uso, porque al menos han tenido el detalle  de buzonear entre los que ahora son sus vecinos una escueta carta en la que les advierten de su estancia en el primer piso del portal tres de Santa Casilda. Se mudaron allí en Semana Santa, va a hacer un mes. El domicilio en el que residen no es una vivienda normal. Se trata de un local de 400 metros cuadrados propiedad de Cáritas que lleva cerca de 7 años sin ningún uso. El último que tuvo fue el de hogar de madres con hijos sin posibilidades económicas. Antes fue una residencia de mujeres trabajadoras y después residencia de jóvenes estudiantes.

En la nota que ha recibido el resto de inquilinos, informan de que se han visto «en la necesidad de buscar un techo, debido a la crisis». «Nuestra historia no es muy diferente a la de muchas familias que, debido al paro, los desahucios y la situación económica actual se encuentra sin recursos», señalan. Y comunican su pretensión de «buscar una convivencia cordial con la vecindad y colaborar en su buen funcionamiento».

Además, en la puerta de entrada han colocado una hoja en la que se ponen más serios. Se trata de una «advertencia legal» que recuerda a los propietarios del inmueble, vecinos y fuerzas policiales la inviolabilidad del domicilio  excepto que medie una orden judicial. Cualquier entrada a la vivienda «sería denunciada por constituir un delito de allanamiento de morada», afirman.

Son cuatro personas, tres jóvenes y una mayor -cercana a la jubilación. No solo se han preocupado por avisar a sus vecinos, también han contactado con el Arzobispado, en concreto con el delegado diocesano de Cáritas, Andrés Picón, con quien han mantenido una reunión la semana pasada. Este periódico ha mantenido un breve encuentro con ellos pero han preferido no hacer declaraciones.

En la reunión con Picón le explicaron que carecen de trabajo y que -los más jóvenes- no están ya en edad de volver a casa de sus padres. Le aseguraron, asimismo, que están arreglando la estancia para hacerla más confortable. El propio delegado diocesano reconoce que el piso -en realidad son 6 viviendas- «no reúne las condiciones de habitabilidad exigibles».

De hecho, cuando llegaron allí  estaba infestado de cucarachas y no había ni luz ni agua corriente. Cuando abrieron la llave de paso, ocasionaron una inundación en el negocio situado en los bajos, la Correduría de Seguros de Antonio Camarero, que contactó con el Arzobispado para informar de lo que había sucedido. La Diócesis se enteró de la ocupación en ese momento y ha denunciado el caso ante los juzgados de Burgos.

A Picón le pidieron que les permitiera vivir allí hasta que encontraran un lugar mejor. En la carta que hay pegada en la puerta de ‘su’ casa señalan que no tienen intención de marcharse. «Es nuestro domicilio, al menos provisionalmente», dicen. Y advierten también de que el agua es un bien de primera necesidad, «cortarlo supone un delito contra los derechos básicos».

Ningún vecino ha presentado por el momento ninguna queja contra ellos. Pero Picón entiende que «no es un lugar adecuado para vivir ni el cauce para hacerlo». Les expuso los programas de que dispone Cáritas para ayudar  a los sin techo. «Si necesitan una vivienda, que se apunten, tenemos más de 100 personas alojadas en nuestras residencias», recuerda a este periódico. Y si no tienen trabajo, les aconsejó que se inscribieran en los programas de orientación laboral de la organización diocesana. Pero por el momento parece que no es su intención.

Preguntado Picón por las causas de que esos pisos de Santa Casilda lleven tanto tiempo sin un uso, explica que desde hace años se plantean su reforma integral, «pero no ha presupuesto para afrontarla». El último plan de Cáritas era adecentarlo para un grupo cristiano que pretendía poner en marcha un servicio de atención a mujeres inmigrantes, «pero no encontraron fondos».