Malas noticias para los 34 trabajadores de la compañía española de materiales energéticos y soluciones de voladura Maxam, que ayer presentó al comité de empresa un informe en el que se detalla el expediente de regulación de empleo (ERE) que anunció a principios de febrero, y que contempla la salida del grupo de un centenar de empleados. Según ha podido conocer este periódico a través de la representación de UGT en Maxam, esta ha planteado la salida de 18 personas de la plantilla que opera en las instalaciones del Páramo de Mesa, en el municipio burgalés de Quintanilla Sobresierra, lo que es la mitad del total.
En el otro centro productivo, también del departamento de Maxam Holding, y situado en Galdácano (Vizcaya), la compañía prevé el despido de 8 trabajadores, por los 61 que saldrían de las oficinas centrales de Madrid, en este caso dentro del área de Maxam Internacional. Se trata de la primera propuesta que la corporación española ha trasladado a la comisión mixta de la empresa, formada por los sindicatos UGT, CCOO y ELA, así como el Sindicato Independiente Maxam (SIX). La dirección alega causas económicas, organizativas y productivas para poner en marcha este mecanismo de regulación de empleo, que los representantes califican como "una auténtica barbaridad".
"Llevamos arrastrando problemas desde Expal, aunque la situación del grupo no es la ideal. Con la disminución de la minería del carbón ha bajado el mercado del explosivo civil y nos ha afectado tremendamente", apuntan desde UGT, que explican que el personal que se pretende despedir en las plantas de Páramo de Masa y Galdácano (pertenecientes a Maxam Holding) tienen un perfil técnico, relacionado con el área de I+D.
La próxima semana continuarán las negociaciones, y hasta entonces los equipos jurídicos de cada sindicato estudiarán y valorarán en profundidad el documento aportado por Maxam. "Es muy extenso, tenemos mucho trabajo", apuntan desde UGT.
"Drástica decisión". Fuentes de la plantilla afectada por el ERE admiten a este periódico que la situación en la que se encuentra la planta burgalesa "no se corresponde con una situación para poner en marcha una decisión drástica" y aseguran que la compañía "continúa dando beneficios". Manifiestan su temor a que bajo estos despidos se prevea "un cierre definitivo del centro tecnológico", con el consecuente impacto negativo para la economía burgalesa. Es por ello que solicitarán el amparo ante las administraciones públicas.