Se llama Releo Plus y es el programa de gratuidad de libros de texto implantado por la Consejería de Educación de la Junta para evitar ese onerosísimo gasto que a principios de curso asalta a las familias con criaturas en edad escolar y que no todas pueden asumir por sus propios medios. De hecho, está especialmente diseñado para aquellas unidades familiares cuyos ingresos anuales no lleguen a una cantidad determinada. Para el próximo curso se ha cifrado en 23.688 euros, que es el resultado de calcular 2,82 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que es el índice de referencia para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos. Así, quienes cumplían esta condición pudieron solicitar esta ayuda económica entre el 3 y el 23 del pasado mes de febrero, es decir, todas las familias con menores en edad escolar... excepto aquellas cuyos adultos están en situación burocrática irregular, es decir, que no tienen 'papeles'.
Esta circunstancia ya fue denunciada por las Cáritas de diferentes provincias de Castilla y León el año pasado al Procurador del Común, que en enero de 2024, antes de que entrara en vigor el plazo de solicitudes, fue muy claro al respecto: «El derecho a la educación es un derecho universalmente reconocido, que debe ser garantizado a cualquier menor que esté en Castilla y León con independencia de la situación administrativa en la que se encuentre en España, tal como ya se había indicado en la Resolución emitida por esta Procuraduría el 14 de abril de 2023», advertía, recordando que no era la primera vez que le enviaba el mismo mensaje a la Junta. Pero la realidad es que la aplicación informática para presentar las peticiones no acepta el número de pasaporte de los padres, única documentación que poseen quienes no tienen regularizada burocráticamente su situación.
«No había problemas si se introducía un número de NIF o de NIE, que es el número de identidad de extranjero, pero la aplicación no respondía con el del pasaporte», afirma la responsable de Acción Social de Cáritas, María Gutiérrez, que afirma que quiere pensar que se ha tratado de un problema 'técnico' que se podrá resolver. «No sabemos si ha sido intencionado, queremos pensar que no, que ha sido un fallo informático, porque en la Consejería saben bien que todos los menores tienen derecho a la educación, que obstáculos como este hacen que cada vez se agrande más la brecha de los menores en función de si sus familias tienen recursos o no y que la desigualdad en lo académico predispone a la pobreza».
«De manera automática». El Procurador del Común, según la resolución del pasado 4 de enero publicada en su página web, insistió en que la Administración educativa debe «poner a disposición de los menores extranjeros que no estén en situación de regularidad en España, de manera automática, y sin necesidad de solicitud de interesado ni de participación en ningún tipo de procedimiento de concurrencia competitiva, los textos y los materiales escolares que precisen y no puedan obtener por sí mismos». A esta determinación, la Consejería de Educación de la Junta contestó que «a través de los propios centros educativos ya desarrolla las medidas precisas para que ningún estudiante en esta situación se quede sin libros ni material escolar por motivos económicos, con la finalidad de garantizar el derecho universal a la educación, y en cumplimiento de los principios de equidad y calidad que guían la política educativa».
El Procurador entendió, pues, que la Junta aceptaba en parte la resolución, porque la Consejería no se comprometía, como se había pedido, a elaborar una orden, instrucción o cualquier tipo de previsión expresa para garantizar esa prestación. Y es que se había solicitado que se formalizara un mecanismo que pudiera ser conocido de antemano, y que permitiera a las familias que estén en situación no regular en España disponer del material correspondiente a la escolarización de los menores «todo ello al margen de las convocatorias del Programa Releo Plus».
En concreto, se explicaba a la Consejería de Educación que, para garantizar el derecho a la educación del alumnado que precisa que se le facilite el material escolar por sus especiales circunstancias, «entre las que se incluye la de no poder aportar la documentación exigida en las convocatorias del programa de gratuidad de libros de texto por no tener la condición de regulares en España», no era suficiente que la Administración educativa dirigiera una nota a las direcciones provinciales de Educación para que estas, a su vez, encargaran a las direcciones de los centros educativos la gestión de la entrega del material.
Información suficiente. «Consideramos -añadía la institución- que debe existir una previsión del material destinado a tal fin, un procedimiento para la gestión de la entrega del material, y la suficiente información para que los interesados no estén llamados a solicitar unas ayudas que en ningún caso les podrán ser reconocidas dada su situación administrativa, en relación con la exigencia de presentar una documentación identificativa de la que no se dispone».
En este sentido, en el de la 'suficiente información' es en el que pone el foco Cáritas: «Muchas de las familias no tienen la capacidad de desenvolverse en nuestro idioma o no tienen habilidades informáticas que les permita entender cómo se maneja una aplicación. Por eso, nuestras trabajadoras sociales lo que han hecho ha sido presentar 'en papel', es decir, de forma presencial en la Delegación Provincial de Educación las solicitudes del Programa Releo para hijos de familias cuya situación burocrática no está aún regularizada», añade María Gutiérrez, que señala que alguna se encontró con «malos modos» y «comentarios xenófobos» por parte de algún funcionario.