Hace justo una semana contábamos en estas páginas la grave situación que atraviesa el Festival Tribu, ahogado por una deuda de 130.000 euros del Consistorio: 30.000 euros correspondientes al convenio de 2022 y 100.000 del ejercicio actual, que no pueden recibir mientras no se finiquite el anterior. 

La información publicada por este periódico llevó al anterior alcalde, el socialista Daniel de la Rosa, a reaccionar «lamentando» la situación y a escudarse en lo que dicen todos: el enquistamiento que existe en la Gerencia Municipal de Cultura desde tiempos inmemoriales. Por su parte, la presidenta actual de la entidad, la concejala de Vox Marta Alegría, ha evitado pronunciarse para este periódico y tampoco se ha dirigido a los organizadores del festival, quienes por otro lado llevan remitidos varios correos electrónicos al Consistorio desde hace meses.

Ante este silencio, la dirección del Tribu anuncia la suspensión del festival si esas deudas no están pagadas antes de fin de año. Y además, si no hay solución para esas mismas fechas, valoran iniciar acciones judiciales y llevar al Ayuntamiento a los tribunales por incumplimiento de plazos. Porque a estas alturas no les sirven las excusas.

«Nos da igual quién sea el responsable o causante. La realidad es que ni el equipo de Gobierno saliente ni el actual nos dan soluciones. Es una pena, pero nadie hace nada y necesitamos soluciones. Nos dan igual los colores políticos. Hablamos de gestión pura y dura», afirma con cierto cabreo Héctor Aguilar, director del encuentro.

La próxima edición del Festival Tribu será la décima, si llega a celebrarse, de un evento que nació en 2013 como una cita vinculada a la música, la gastronomía y el arte urbano. En su origen era gratuito y en el centro de la ciudad, y desde casi sus inicios ha sufrido retrasos de más de un año en el pago por parte de la administración local.

Esa circunstancia hizo que no se celebrara la cuarta edición en 2016, dado que el retraso de la subvención entonces de 21.000 euros del ejercicio anterior les impedía acceder al convenio del año en curso y ambas cantidades suponían un agujero demasiado grande.

Esos 21.000 euros, por cierto, todavía no los han cobrado porque el pago lo debía hacer el Plan Estratégico y la sociedad está hoy liquidada. Y aunque el festival ha ganado el juicio, el Ayuntamiento ha recurrido y todavía está pendiente de resolución.

Por una redacción «poco habitual» del convenio, en 2021 estuvieron a punto de abandonar porque el Consistorio les exigió devolver 10.000 euros cobrados y esa circunstancia les impidió acceder al 30% del convenio, que alcanzaba los 18.000 euros.

La última edición del festival se celebró en mayo en los jardines de La Parrala y el centro histórico. Fueron tres días de música y por el recinto cerrado pasaron más de 5.000 espectadores.