Los cementerios de toda la provincia se llenan hoy, festividad de Todos los Santos, de personas que acuden hasta ellos para rendir homenaje a sus seres queridos. El grueso de pueblos experimentan un incremento puntual de habitantes durante esta jornada -y el fin de semana- inédito desde el verano a colación de esta fecha señalada en el calendario. Y es que la tradición cristiana marca que la visita a los camposantos es obligada.
Durante los días previos los ayuntamientos se han afanado por tener en perfectas condiciones estas instalaciones para que cuando se llenen de vecinos y oriundos y oriundos estos se las encuentren en perfecto estado. Retirada de hierbas y hierbajos que brotan sin control durante el resto del año, limpieza de los caminos o viales o de la vegetación -casi siempre suelen ser cipreses- que acompañan a diario a las tumbas son algunas de esas labores.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, los municipios no son los titulares de los recintos -y por ende sus responsables finales-, sino que a efectos legales es el Arzobispado de Burgos el propietario de los mismos. Ante la falta de medios materiales y humanos para atenderlos a todos, son los consistorios los que asumen de facto su mantenimiento, ampliación o construcción de nichos. De los 1.224 pueblos que tienen al menos un habitante censado a lo largo y ancho de la provincia -englobados dentro de 371 municipios- en 816 el cementerio sigue estando a nombre de la Iglesia. En términos mucho más sencillos, exactamente dos de cada tres camposantos siguen a efectos legales bajo el amparo del Arzobispado a pesar de que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local deja bien claro que dentro de las competencias propias de los ayuntamientos se incluyen las del cementerio y las actividades funerarias.
«En la mayoría de ocasiones la colaboración entre propietario (la Iglesia) y el que lo mantiene (el Ayuntamiento o la entidad local menor) es a la buena voluntad. Habría que ir parroquia por parroquia para conocer cómo se desarrolla cada escenario», explica Rodrigo Sáiz, asesor jurídico del Arzobispado de Burgos. En lo que llevamos de siglo XXI se ha completado la cesión de 86 camposantos a ayuntamientos burgaleses. Los últimos pueblos en pasar a ser titulares de estas instalaciones han sido Rioparaíso, Quintanilla Rebollar, Castellanos de Castro -en 2022-, Quintanaélez y Castrillo de la Vega -en 2023-, aunque otros como Villafranca Montes de Oca han iniciado este 2024 el camino.
El proceso debe partir siempre primero de un acuerdo plenario, que ha de aceptar una serie de condiciones previas para que la transferencia sea aceptada: destinarlo a la misma finalidad, respetar los derechos previamente adquiridos con las familias de los difuntos, conservar «con dignidad» el recinto y sus cerramientos o asumir todos los gastos derivados.
Además, la parroquia se guarda la carta de poder seguir celebrando actos propios de liturgia católica en su interior. Junto a esta serie de requisitos se incluye que el camposanto no esté anexo a un templo o ermita. No obstante, como esta casuística se da en numerosos pueblos, ya que la ubicación original de muchos de ellos estaba junto a los templos, el Arzobispado ha arbitrado con las entidades locales una posibilidad de cesión de su gestión económica. «La Iglesia católica siempre ha tenido cementerios, ya que es un deber dar sepultura a los fieles», recuerda Rodrigo Saiz.
Así las cosas, el pueblo se compromete al mantenimiento del cementerio e incluso, en ocasiones, se le faculta para construir nichos. En términos generales se suele acordar que la junta vecinal perciba el importe de la venta de estos para resarcir la inversión llevada a cabo. La duración de estos convenios suele ser de 25 años prorrogables de mutuo acuerdo entre ambas partes.
«Muchas entidades locales carecen de la capacidad económica suficiente para mantener un cementerio», admite el asesor jurídico, que añade que «por el devenir de la historia las parroquias siguen prestando un servicio que deberían liderar los ayuntamientos». Aunque en los grandes núcleos urbanos de la provincia los camposantos son ya civiles, en el grueso de pedanías (dos de cada tres pueblos) este proceso sigue pendiente.
Incumplimiento. En caso de que alguna de estas cláusulas no se cumpla en los términos previamente expuestos, el Arzobispado se guarda la carta de poder revertir la cesión y retomar la titularidad del camposanto. El consistorio ha de entregar al párroco una solicitud para iniciar la tramitación, mientras que este debe trasladarla a la sección de Inmuebles su opinión al respecto. Del mismo modo, se ha de aportar un informe escrito por parte del arcipreste de la zona. La propia institución religiosa inicia un periodo de reflexión que casi siempre termina con su aceptación.
«Las entidades locales tampoco ponen mucho entusiasmo en cumplir la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. No es como arreglar una calle o poner un parque, para algunos es un marrón», reconoce Sáiz en base a los datos que manejan. Durante el 2001, primer curso que empezaron a ceder cementerios, se completó la transferencia de 14, cifra que se mantuvo más o menos estable a lo largo de los siguientes ejercicios hasta el estallido de la crisis financiera de 2008. A partir de ese momento las peticiones decayeron de forma abrupta hasta cosechar apenas dos en 2023 o incluso solo una -pandemia mediante- en 2020.