Aunque los dos condenados en el caso Arandina están cumpliendo su pena de prisión de nueve años, el asunto sigue levantando ampollas cada vez que se vuelve a nombrar, y más si es en sede judicial. La última vez ha sido durante la declaración de testigos ante la jueza que investiga el caso Supercopa, cuando una integrante del Comité de Ética de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aseguró que los responsables de este organismo, que entonces dirigía Luis Rubiales, dejó sin tramitar un expediente contra los tres futbolistas de la Arandina acusados de violar a una menor de 16 años, lo que se tradujo en que no se tomó ningún tipo de medida disciplinaria o de inhabilitación contra ellos.
En el vídeo de la declaración de Araceli Mangas, cuyo contenido ha hecho público El Periódico de España, esta jurista asegura que «todo iba a la papelera. [...] Todo lo que hicimos durante meses, es decir, muchos expedientes a problemas que hubo en el RCD Espanyol, de racismo en el estadio del RCD Espanyol, al entrenador de la Arandina, jugadores de la Arandina, todo, no sabemos dónde quedó. Por eso yo pedí la dimisión en el mes de septiembre [de 2020]».
La declaración de esta jurista salmantina no tiene relevancia judicial en el caso Arandina pero el sólo hecho de nombrar este proceso levanta reacciones. En este sentido, el padre de la menor comenta, entre resignado y molesto por conocer que se podría haber hecho más contra estos individuos, que es «otra más». «Con todo lo que hemos pasado, ya no me sorprende nada, aquí hay mucha gente que ha mirado para otro lado, que se ha lavado las manos», añade José Miguel Zayas, recordando que al menos uno de los ahora condenados estuvo jugando al fútbol hasta días antes de entrar en la cárcel para cumplir su condena. «Nosotros aguantando de todo y él jugando al fútbol, no se lo tenían que haber permitido», remarca.
Consciente de que ya no puede hacer más que lo que ha hecho por salvaguardar a su familia, Zayas recuerda que también se dirigió a la Junta de Castilla y León para intentar impedir que ese mismo acusado siguiese con su formación. «Estaba haciendo un curso de monitor de tiempo libre, patrocinado por la Junta, y yo escribí para que le prohibiesen acercarse a menores, niños y niñas, por lo que había hecho. Pero no me contestaron siquiera», recuerda Zayas que, al menos, logró en sede judicial que se le impidiese acudir como monitor a una excursión a los Pirineos. «Menos mal que el juez se lo impidió, porque ya habría sido el colmo», concluye el padre de la menor, que ahora intenta mantener alejada a su familia de este tipo de alusiones al caso Arandina para poder pasar página de forma definitiva de un capítulo triste de su vida.