Seguramente este verano hayan visto numerosos vídeos difundidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con recomendaciones a la hora de actuar si sospechan que pueden ser víctimas de una estafa virtual. Tanto Policía Nacional como Guardia Civil saben que, a día de hoy, la cibercriminalidad es la tipología delictiva que más crece con diferencia. Y lo que es más preocupante: es muy difícil coger a los malos porque la gran mayoría ni siquiera residen en España. La tasa de resolución es muy baja. Los grupos de investigación especializados no lo ocultan, aún están en pañales. Por eso apelar a la precaución de la sociedad es una de las estrategias que se han puesto en marcha desde el Ministerio. 

Dentro del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad de Interior, el primer objetivo que se plantea es «promover la cultura de prevención de la cibercriminalidad entre la ciudadanía y la empresa». Lo es por una cuestión que explica el documento de manera clara. La previsión es que los delitos sigan incrementándose año a año. Y lo que es peor, las estafas son y van a ser cada vez más sofisticadas. Esto obliga a dotar a los agentes de las fuerzas de seguridad de una serie de herramientas de investigación punteras, así como el fomento de la formación no sólo a los grupos especializados sino a todos los agentes del orden. 

En el apartado estadístico, Burgos no es ajena a una problemática a nivel mundial. Los delitos informáticos están completamente desbocados. Es imposible saber cuándo van a tocar techo, pues cuando parece que un año se contienen, en cuestión de dos años se duplican. Es el caso de 2023. Según la memoria de cibercriminalidad del Ministerio del Interior, se contabilizaron un total de 3.205 estafas informáticas, un 30% más con respecto al ejercicio anterior. Por supuesto, es la cifra histórica más alta. 

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