Cinco meses y veintidós días después las Cortes de Castilla y León recuperarán este martes las sesiones de control parlamentario al Gobierno con el inicio de los plenos ordinarios una vez superadas las sesiones de investidura y toma de posesión por una parte, y sendas jornadas para la elección de los senadores autonómicos y el informe del Procurador del Común. Este 24 de mayo la acción legislativa volverá a tomar velocidad de crucero tras casi medio año en stand-by por el adelanto electoral decretado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Una legislatura que arranca con el gran reto de dejar atrás una pandemia que monopolizó como nunca antes se había visto toda la acción de Gobierno y, por consiguiente, las sesiones de control por parte de la oposición en las Cortes. La recuperación económica, el refuerzo de la sanidad, la educación, los servicios sociales o la lucha contra la despoblación, ya sin el apellido 'covid-19', aspiran a convertirse ahora en los nuevos protagonistas de las preguntas al presidente y sus consejeros.
No obstante, el inicio de la acción parlamentaria será a medio gas, toda vez que la inminente llegada del verano hará que apenas se celebren tres plenos antes de lleguen julio y agosto, ambos inhábiles en las Cortes. De esta forma, los 81 procuradores del arco parlamentario tendrán una pequeña toma de contacto antes de que el estío vuelva a interrumpir la actividad hasta la 'vuelta al cole' de septiembre.
En cualquier caso, los cuarteles generales de los, por primera vez en la historia, cinco grupos parlamentarios ya están a pleno rendimiento de cara a unas sesiones plenarias que se prevén más broncas que nunca. Y es que los escasos dos meses que han transcurrido desde los comicios del pasado 13 de febrero han servido para evidenciar una polarización sin precedentes dentro de las Cortes, donde la oposición lleva semanas arremetiendo con dureza contra el pacto de Gobierno entre PP y Vox, con algún que otro momento de tensión durante las diez comparecencias que los consejeros han celebrado esta semana pasada para exponer sus líneas de acción para los próximos cuatro años.
Por el momento, el primer pleno de la legislatura estará trufado de preguntas de la oposición sobre algunas declaraciones de los consejeros de Vox, en especial del vicepresidente, Juan García-Gallardo, en relación al cumplimiento de los derechos y libertades de las mujeres (ley del aborto), la violencia de género, o el adoctrinamiento ideológico en las aulas. No obstante, y preguntados por este periódico, los portavoces parlamentarios de todos los grupos niegan que estén ante una legislatura bronca o conflictiva, y se limitan a culpar a PP y Vox, desde la oposición, o a las posturas «radicales y sanchistas» del PSOE, desde los dos partidos de la Junta.
Más allá de las algarabías en sede parlamentaria, lo cierto es que el presidente de la Junta marcó una hoja de ruta con once nuevas leyes, cuatro planes y hasta 25 compromisos de cara a esta legislatura, donde por el momento solo tienen fecha marcada la elevación a rango de ley del actual Plan de Prevención de la Violencia Intrafamiliar, que comenzará su tramitación antes del 31 de julio, al igual que el decreto de concordia, que lo hará antes del 30 de junio. Precisamente estas normativas fueron la punta de lanza de Vox durante las negociaciones con el PP y están incluidas dentro del acuerdo de Gobierno del 10 de marzo.
Ya de cara a la segunda parte del año tiene que pasar por las Cortes la norma más importante que cada año debe sacar adelante el Ejecutivo autonómico: los presupuestos generales de Castilla y León. Cuentas, eso sí, para 2023, ya que ante lo avanzado del ejercicio, el Gobierno autonómico decidió continuar con la prórroga presupuestaria y renunció a elaborar unos nuevos. También antes de que acabe 2022 debería aprobarse la bajada del tramo autonómico del IRPF incluido dentro del Plan Anticrisis presentado por Fernández Mañueco como respuesta al incremento de precios y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.
La ley de desarrollo y competitividad rural; una norma autonómica sobre el agua; la ley de montes; la ley de derechos y personas mayores; o la de atención residencial, entre otras, fueron algunas de las promesas lanzadas por el presidente autonómico aunque sin concretar cuando harán su aparición dentro del parlamento regional.
También está por ver que ocurre con aquellas normativas que estaban en tramitación parlamentaria cuando Fernández Mañueco apretó el botón rojo y disolvió las Cortes autonómicas el pasado 20 de diciembre. Proyectos como la ley de la oficina de lucha contra la corrupción, de transparencia, de derechos al final de la vida y de ordenación territorial no cuentan con un futuro halagüeño, toda vez que recientemente el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, aseguró que el PP ya no se sentía vinculado a los compromisos adquiridos con su anterior socio en la Junta (Cs). Ahora solo falta por ver como entroncan los dos partidos del Gobierno dentro de la actividad legislativa del día a día, y como encuentra la oposición la forma de escapar del rodillo de la mayoría absoluta que ostentan PP y Vox.