El vicealcalde de Burgos, Fernando Martínez-Acitores, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña, han comparecido esta mañana para anunciar que la Policía Local va a comenzar a perseguir los empadronamientos ilegales y que lo va a hacer, entre otras medidas, con "inspecciones periódicas y visitas domiciliarias para comprobar la veracidad de la información proporcionada en los registros de empadronamiento y detectar posibles casos de inmigración ilegal".

Los concejales, que han recalcado que se trata de una iniciativa impulsada por Vox, pero que cuenta con el respaldo de su socio en el equipo de Gobierno, ha detallado que lo que también se hará es crear "canales de denuncia anónima para que los ciudadanos puedan informar sobre posibles casos de empadronamiento irregular".

Del mismo modo, la Policía Local realizará "controles de identidad y verificará la documentación de las personas para confirmar su estatus migratorio". Según han añadido, esto se realizará "dentro de los límites establecidos por la legislación vigente y respetando los derechos fundamentales de las personas".

Reconocen los ediles que la lucha contra la inmigración ilegal no es una competencia de la Policía Local, pero sí defienden que hay varias leyes que respaldan la colaboración activa con la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Por otro lado, lo que harán desde Vox es instar a que se suspendan las ayudas a aquellas personas que han "ingresado ilegalmente" en el país o "se encuentran en el territorio nacional después de haber perdido su estatus de residencia legal".