El Partido Popular de la Comunidad se muestra «convencido» de que el proyecto de ordenación territorial planteado por la Junta y la reforma local ideada por el Gobierno son «absolutamente complementarias», si bien reconocen diferencias «puntuales», por lo que trabajan para encontrar «un punto de equilibrio» entre las dos normas ahora que  las «cartas están sobre la mesa». Así se pronunciaba ayer el secretario autonómico de la formación, Alfonso Fernández Mañueco, durante la inauguración de la convención ‘Municipios para las personas’ del PP de Valladolid.

 

El dirigente popular y alcalde de Salamanca insistió en que su partido trabajará en el ámbito de las comunidades autónomas y de los municipios para superar las diferencias que mantienen con la reforma que impulsa el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que motivó a la Junta a enviar un documento crítico. Aseguró que habrá acuerdo no solo entre la Junta y el Gobierno, sino entre todas las autonomías, y destacó que ese pacto será en «beneficio» de los ciudadanos de los municipios.

 

Las negociaciones bilaterales van dando sus frutos, tal y como reconoció el secretario de Administraciones Territoriales del PP, Antonio Sanz, que también participó en la convención. Así, Sanz avanzó que la dispersión y el envejecimiento de la población determinará el cálculo del coste de los servicios municipales, entre los que figuran algunos que se traspasarán a las comunidades, según recoge la reforma local que impulsa el Gobierno de España. Estos dos parámetros, que la Junta y la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) habían defendido, serán incluidos  en el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

 

Además, Antonio Sanz señaló que la nueva financiación autonómica compensará el mantenimiento de centros educativos y que las comunidades tendrán que asumir en 2015 los servicios sociales para no ser penalizadas.

 

Por último, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, rechazó la retirada del proyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio, que se encuentra en las Cortes. De esta forma, descartó paralizar su tramitación, como había pedido IU a la que acusó de ser «centralista» en Castilla y León y apoyar a los independentistas catalanes.