En diciembre del año pasado, la Junta introdujo cambios en su Renta Garantizada (RGC) para aquellos beneficiarios delIngreso Mínimo Vital (IMV) de cara a corregir las cantidades, y decidió que fuera con un carácter retroactivo. La comunicación a los afectados se ha realizado 6 meses después vía correo postal.En la carta se les insta a devolver las cantidades «indebidamente percibidas» por el solapamiento de ambas prestaciones de casi un año en el plazo de solo un mes. 

Se trata de cuantías elevadas, que en algunos casos superan los 2.000 euros, y se les anuncia que si no las devuelven en el plazo exigido se abrirá un procedimiento recaudatorio por la vía de apremio y se les advierte que la interposición de un recurso contra la resolución de extinción no suspende la obligación de ingresar el importe ni detiene en caso de impago la recaudación por vía ejecutiva.

Los afectados, muchos de ellos familias que dependen de estas ayudas para subsistir, no entienden que ahora la administración les exija estas cantidades cuando pueden demostrar que utilizan este dinero para subsistir. Marién Sánchez, de 63 años y con un hijo a su cargo, es una de las afectadas. Recibió la misiva el 1 de junio y le reclaman más de 2.500 euros a los que no puede hacer frente.

Solicitó la Renta Garantizada de Ciudadanía a comienzos de 2020 y se la concedieron en mayo, advirtiéndole de que estaba a ? obligada a la realización de cursos para favorecer su inserción en el mercado laboral. De hecho realizó uno de peluquería. 

Cuando el Gobierno anunció en junio del 2020 la posibilidad de compaginar la prestación regional con la nacional también la solicitó y se la concedieron, al menos hasta diciembre de este año, aunque al contar con la RGC la prestación de una cuantía menor al mínimo establecido por el Estado.

Sin embargo, ahora le reclaman una parte de la cantidad cobrada, según la Junta, de más. «Si no tengo ingresos, ¿cómo pretenden que ahora devuelva más de 2.500 euros en un mes? Yo entiendo que si me han dado las dos prestaciones es por cumplir con los requisitos que exigen. Siempre la culpa parece que la tenemos los ciudadanos. No es lógico que esperen a comunicarlo y me exijan un mes para devolverlo», lamenta.

Sánchez asegura que todo el dinero que recibe a pagar los gastos de alquiler de la vivienda, la luz, el agua y el gas. No obstante está dispuesta a devolverlo pero no en un mes. Está buscando trabajo pero reconoce la complejidad de hacerlo con su edad. «Si me quitan esta ayuda, ¿de qué comemos?. Yo preferiría trabajar antes que recibir ayuda», apunta.

La directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad, Esperanza Vázquez, hace un llamamiento a la calma a estas 81 familias burgalesas que han recibido la carta y asegura que serán «flexibles» a la hora de que devuelvan el dinero. «Daremos facilidades. Estamos hablando de gente vulnerable y estos trámites causan desconcierto». 

La Junta ha solicitado al Estado la gestión del Ingreso Mínimo Vital para evitar estos problemas, pero la respuesta ha sido negativa.