Los hogares arandinos van a incrementar sus gastos en impuestos municipales el año que viene. A la obligación de ponerse al día con el pago de los recibos del agua atrasados desde finales de 2022, con unos recibos que se irán enviando entre este mes de mayo y abril de 2025, las cuentas domésticas tendrán que incluir una nueva tasa del Ayuntamiento de Aranda, esta vez relacionada con la gestión de basuras. Las viviendas y empresas de la capital ribereña llevan años sin abonar una tasa específica para este servicio. «Dentro del IBI se incluye un porcentaje que es para eso, no es que no se cobre, es que se incluye en ese recibo, de una forma un poco particular», aclara el edil de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Aranda, Carlos Medina.
Es precisamente esta área municipal la que está elaborando una nueva ordenanza municipal para adaptarse a la directiva de la Unión Europea y su traslación a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. «Tenemos que poner esa nueva tasa, no porque queramos incrementar la presión fiscal desde aquí, es porque estas novedades legislativas nos obligan, a nosotros y a todos los Ayuntamientos», apostilla Medina.
La nueva ordenanza tiene que estar en vigor en 2025 como tarde, cuando venzan los dos años de moratoria que se marcaron en la ley para ponerla en práctica, que acaba en el próximo mes de abril. «Estamos mirando qué es lo que se tiene que incluir en la ordenanza, porque no es sólo para cobrar una tasa específica de la gestión de basuras, que nosotros lo teníamos cubierto con el Consorcio Provincial de Residuos», reconoce el concejal de Medio Ambiente, consciente de que hay muchos ayuntamientos que están en este proceso de actualizar sus tasas porque «a todos nos ha pillado igual». De hecho, ya se ha confirmado que el impuesto por el tratamiento de basuras que depende del Consorcio de Residuos se va a incrementar el año que viene casi en un 50%.
De forma paralela a la redacción de la ordenanza en el área de Medio Ambiente, que tendrá que incluir todos los puntos que marca la directiva europea y que va más allá del ámbito económico, los servicios económicos serán quienes pongan el baremo de la tasa que tenga que pagar cada vivienda y empresa, guiándose por la obligación que marca la Ley de residuos y Suelos Contaminados de que este nuevo cobro cubra el 100% del coste del servicio de gestión de los residuos. «Lo lógico es que quienes más contaminen, paguen más, pero tendrá que ser Tesorería quien lo concrete», apunta Medina.
Para no asustar a los ciudadanos, desde el equipo de gobierno se explica que, aunque en el calendario fiscal habrá que incorporar esta nueva tasa, la presión fiscal no tendrá un incremento exponencial porque se notará una rebaja en el recibo del IBI al eliminar este concepto del impuesto inmobiliario, sin que se haya concretado aún en qué medida. «Primero tendremos que tener el borrador de la ordenanza para presentarlo en comisión informativa y empezar así su tramitación», concluye Medina.
Más allá de este trabajo que tienen sobre la mesa los técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente, también están trabajando en la redacción de un nuevo contrato para la recogida de basuras. Este es el primer servicio que el tripartito quería haber remunicipalizado, pero el recurso ante el Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) de la actual empresa adjudicataria, Urbaser, sobre la resolución del concurso que se lo otorgaba a la empresa FCC, obligó a suspender esta adjudicación y comenzar de nuevo todo el proceso para evitar nuevos recursos.
El pleno municipal aprobó en diciembre la estructura de costes de este servicio, un requisito previo para este tipo de contratos. Ahora queda todo el trámite administrativo para volver a sacar a licitación este contrato municipal, con un coste estimado en el Presupuesto de 2024 de 1,5 millones.