La futura normativa municipal reguladora de los locales menores de ocio privado, más conocida como la Ordenanza de Chamizos, está obligando ya a las áreas de Licencias e Informática a prepararse de cara a su aprobación definitiva. Aunque una vez superado el primer trámite en el Pleno, el texto está aún en el periodo de alegaciones, en el equipo de Gobierno se han dado ya las primeras instrucciones para tener habilitado el registro en el que deberán de estar inscritos estos locales.

No es un asunto menor ya que la futura norma municipal establece que no podrán coincidir dos chamizos en una distancia de menos de 100 metros en los entornos de la Catedral, Las Huelgas y el Museo de la Evolución. Dicho de otra manera, en caso de que se realicen dos peticiones para una misma zona tendrá prioridad quien antes consiga la autorización.

Para el resto de la ciudad, la ordenanza es más flexible ya que establece que no puede haber dos chamizos en menos de 50 metros (sí a 51, por ejemplo). Lo que no quita para que también pueda darse algún tipo de conflicto.

Buena parte de ese problema, también es cierto, se lo quitó el Ejecutivo local durante el periodo de creación del texto, en el proceso de evolución de los distintos borradores, ya que finalmente se estipuló que quedaban al margen de la ordenanza aquellos locales utilizados por asociaciones de todo tipo (culturales, gastronómicas, peñas...). Además, se eliminaba esta limitación para los grupos de música que ensayan en los polígonos industriales.

El concejal de Licencias, Miguel Balbás, estima que la aprobación definitiva de la ordenanza se producirá seguramente en marzo de 2023. Y aunque está previsto dar una moratoria de un año para exigir a los inquilinos de estos locales su inscripción en el registro, desde el mismo momento de entrada en vigor de la norma los interesados tienen que poder ya presentar sus solicitudes para recibir la autorización y poder ser dados de alta. De ahí que el edil, también responsable del área de Modernización Administrativa, haya hablado ya con los técnicos municipales de la necesidad de crear una aplicación interna para gestionar estos trámites.

La creación del registro es una de las piedras angulares de la futura ordenanza. Prueba de ello es que se tipifica como una infracción grave y lleva aparejada una sanción de entre 301 y 1.000 euros.

Regularizar. El objetivo que persigue esta ordenanza es el de regularizar la situación de este tipo de locales, cuyo uso se ha extendido en los últimos años. El equipo de Gobierno pretende que estos espacios sean lugares seguros y de ahí que se vayan a exigir medidas de protección contra incendios, seguro de responsabilidad civil o que se vayan a establecer aforos máximos y fijar unos horarios en los que puede haber actividad en su interior.

Lo que también permitirá la Ordenanza es dotar a la Policía Local de una herramienta que les permita actuar más allá del levantamiento de un acta por incumplir los niveles de ruido (también se especifican los límites permitidos).

Los requisitos a cumplir no serán sencillos y a lo que se aspira también es a que desaparezcan aquellos locales que no reúnen las garantías mínimas de seguridad o forzar a que estos espacios sean reformados.