Ocupar el suelo público, la calle, con elementos de carácter publicitario, informativo o decorativo, se paga. Ese es, en esencia, el mensaje que contienen las comunicaciones que el Ayuntamiento está trasladando a numerosos establecimientos comerciales del centro histórico de la ciudad durante la última semana.

Se trata de una campaña, en paralelo a la que se está acometieron las terrazas de la pandemia, para fiscalizar todo aquello que ocupa las aceras de la ciudad (especialmente vallas publicitarias, carteles, banderolas y otras instalaciones para la exhibición de anuncios) y que no ha tenido en cuenta o no ha tenido conocimiento -hasta ahora- de lo que dicta la Ordenanza reguladora de la tasa por utilización privativa o por el aprovechamiento especial de bienes o instalaciones de dominio público local.

Varios de los comerciantes afectados han mostrado la sorpresa por la 'nueva' tasa que tienen que abonar y, no tanto por la naturaleza de la misma, sino porque el Ayuntamiento no les ha advertido en ningún momento (y desde hace muchos años) de la obligación en la que estaban incurriendo y, sobre todo, porque pretende cobrar las tasas con carácter retroactivo, concretamente, las correspondientes a los últimos cuatro años, el tiempo en el que caduca una deuda tributaria ante la Administración.

En la notificación municipal, que consta de ocho hojas en las que se detallan las obligaciones incumplidas por el destinatario, se asegura que el Ayuntamiento cuenta con pruebas fotográficas desde los años 2021 y 2022 que dan fe de que la calle era ocupada por un cartel publicitario, una mesa o sillas, una maceta o una alfombra del establecimiento en cuestión, por lo que tienen que abonar una tasa.

Leopoldo Roldán, dueño de un pequeño comercio de delicatesen, tenía un cartel vertical y una mesa de forja en la entrada del establecimiento ocupando un metro cuadrado junto al arco de San Juan.

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