A pesar de que desde el año 2012, cuando se aprobó su inclusión en el régimen general de la Seguridad Social, los derechos de las empleadas de hogar se han ido incrementando, al menos sobre el papel, el colectivo sigue siendo uno de los más precarios y alimentándose aún de un gran porcentaje de trabajo en negro. Las cifras así lo dicen. El número de altas en la Seguridad Social de estas trabajadoras (es residual el número de varones que se dedican a ello) no para de descender desde hace una década. Así, de las 3.096 que estaban dadas de alta en la provincia de Burgos en diciembre de 2015 se ha pasado a las 2.336 de la misma fecha del 2023 y hasta agosto de este año eran aún menos, 2.249, lo que supone un 27% de  caída del número de altas de mujeres que cuidan y limpian las casas de otras personas. 

Una de las principales razones de este descenso imparable es la persistencia del empleo en negro, según explica Olga Ortega, asesora del sector de limpiezas y servicios de UGT, con más de 30 años de experiencia en el acompañamiento de estas trabajadoras, que se lamenta de que aún haya personas que no hayan interiorizado el hecho de que siempre tiene que estar asegurada una mujer que trabaje en su casa, porque otra cosa distinta es incumplir la ley, y de que haya empleadas que prefieran esta situación, muchas veces empujadas por la precariedad en la que viven, que supone tener un trabajo de pocas horas  cuyo sueldo no alcanza o cobrar una ayuda insuficiente y mantener con ello, y muchas veces en solitario, a una familia entera.

«Muchas de ellas tienen otro trabajo, pero no a tiempo completo, por lo que van a limpiar casas por unas pocas horas para completar el sueldo y poder vivir, lo hablan con los empleadores y deciden ambas partes no dar de alta, con lo que se mantiene la economía sumergida. Sí que hay algunas trabajadoras que lo denuncian, pero son pocas las que son conscientes de que esta práctica va en contra de sus intereses porque a la larga no tendrán derecho a pensión y deberán trabajar hasta muy avanzada edad, como ya hay casos».

De este perfil se escapan quienes trabajan de interna en una casa, es decir, que viven allí junto a la persona o personas que cuidan, ya que, explica la experta, «están todas aseguradas». Se trata de un tipo de servicio que cada vez es más difícil encontrar. «Las mujeres quieren vivir, y trabajar de interna en una casa no es vivir porque el fin de semana comienza el sábado por la mañana y a diario tienen tres horas libres y supone no tener demasiado contacto con la familia», asegura Olga Ortega.

Para hacer frente a esta situación, a su juicio, la inspección de trabajo debería ser mucho más contundente en la persecución de las irregularidades: «Ese dinero que no se cotiza es algo que va en perjuicio del conjunto de la sociedad y de las propias trabajadoras, que deberían tener una mirada a futuro y velar por sus intereses a largo plazo», añade. ¿Cómo hacer para que se pueda saber si una trabajadora en un hogar particular está dada de alta? Es complejo porque la vivienda es inviolable, pero esta sindicalista apuesta porque se regule el acceso y piensa que no sería descabellado que la inspección se acompañara de la policía «que sí pueden entrar en una casa si se sospecha que allí se está cometiendo un fraude».

En general, apuesta por una mayor regularización de los asuntos que conciernen a estas trabajadoras. El pasado día 9 el Consejo de Ministros aprobó dos nuevos derechos para ellas: a que se evalúen sus riesgos laborales y a tener un reconocimiento médico gratuito,  dos asuntos que no se van a ver materializados de inmediato porque se tiene que trabajar en cómo se van a hacer efectivos. «Esto queda muy bien sobre el papel, pero a la hora de la verdad quizás solo se les haga el reconocimiento una vez, como pasa, incluso, en algunas empresas. Por eso, queremos que se concrete muy bien cómo se va a hacer y también se necesita un protocolo frente a la violencia y al acoso sexual que también se dan casos en este sector».

Hay otros factores que pueden estar influyendo en la caída de la regularización de estas trabajadoras. Nacho García, responsable del Programa de Empleo de Cáritas, entidad que tiene la consideración oficial de agencia de colocación desde 2014 y que cuenta con el apoyo económico del Fondo Social Europeo, apunta que las familias que antes contaban con una persona que se ocupaba de sus mayores pueden estar prefiriendo ahora utilizar una residencia de ancianos. Coincide Olga Ortega en este punto, primero por lo que apunta con respecto a lo sacrificado que es el trabajo de interna, razón por la que cada vez hay menos oferta, y, después, porque económicamente «quizás sale mejor que el hecho de tener a dos personas externas y que además la familia tenga que implicarse en los cuidados diarios». 

En el Programa de Empleo de Cáritas se ha apreciado un porcentaje de descenso de la demanda de trabajadoras del 5% que Nacho García considera «mínimo»: «Hay quien opina que tiene que ver con el aumento del salario mínimo, pero en enero y en febrero aún no se había aplicado y en esos meses la demanda había bajado más que en el conjunto de lo que va de año. Puede influir, pero no creo que sea el factor fundamental».

Lo que más se pide, cuenta, son internas, pero también empleadas que hagan trabajos por horas para el cuidado, sobre todo de personas mayores: «Tenemos la suerte en Burgos de que hay muchas personas de la generación de más de 80, de 90 y hasta de cien años que están relativamente bien y que solo requieren un apoyo más puntual».   Sobre la existencia del empleo en negro apunta otra razón: las migrantes que no tienen su situación regularizada eligen este trabajo a la espera de arreglar sus papeles, situación para la que deben pasar tres años «y durante este tiempo tienen que mantenerse de alguna manera».

Según su experiencia, y a pesar de la existencia de esta realidad, «cada vez va calando más entre los empleadores la necesidad de hacer las cosas bien, de dar de alta a sus empleadas de hogar; antes tenías que explicarlo muy bien y ahora ya vienen con ese planteamiento». El año pasado 350 familias se acercaron a la ONG para encontrar una persona de servicio doméstico. 

Penka Abramova

«Somos importantes para las familias y nos gusta que se nos valore así» 

Hace 14 años que llegó a España desde Montana (Bulgaria) para mejorar su calidad de vida y después de seis trabajando de cuidadora interna ahora prefiere hacerlo por horas como externa: «Me gusta la idea de irme a mi casa después de la jornada laboral, creo que ya he hecho lo suficiente viviendo en otras casas», explica Penka Abramova, que no cree que su edad sea un problema para seguir cuidando como lo ha hecho hasta ahora. «Nosotras somos importantes para las familias y nos gusta que se nos valore así. Hay muchos casos, sobre todo con los ancianos, en que los hijos no tienen paciencia, los nietos no van a verlos... y ahí estamos nosotras, haciéndoles compañía». 

Zoila Posas

«Prefiero estar de interna porque de externa no me llega para el alquiler»

Lleva 20 años viviendo en Burgos y la mayor parte de este tiempo la ha pasado cuidando de otras personas. Zoila Posas, natural de Ceiba (Honduras) tiene en el Programa de Empleo de Cáritas su punto de referencia a la hora de buscar un  trabajo que le ayude a salir adelante. En la actualidad, y después de haberse ocupado como empleada doméstica por horas y también de interna, busca esta segunda modalidad porque no le llega el sueldo con el par de horas que va a una casa: «Prefiero estar de interna porque de externa no me alcanza el dinero para pagar el alquiler», explica, tras ver con Nacho García, el responsable del programa, las ofertas que tiene para su perfil. A sus 61 años, es consciente de que es más difícil encontrar un empleo, para el que, por esta razón, pone como límite el no tener que subirse a las alturas para limpiar: «Me da mucho miedo caerme y no poder seguir trabajando, así que esto lo evito», afirma esta mujer, que reconoce no haber tenido problemas con las familias con las que ha trabajado: «Yo ofrezco experiencia, paciencia y respeto y pido lo mismo a cambio».