El Ayuntamiento de Fuentemolinos ha visto cómo se le cerraba una puerta más en el ámbito judicial para impedir la construcción de una granja para 1.999 cerdos de engorde en su término municipal. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dictado sentencia en contra de esta administración local, que había recurrido ya la emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Burgos, por lo que el alcalde se ha visto obligado por esta decisión de los magistrados a otorgar la licencia de obra a este proyecto. El Ayuntamiento argumentaba que los promotores de la instalación debían solicitar un informe de impacto ambiental porque la zona en la que se pretende desarrollar esta granja es el páramo de Corcos «una zona única en Europa» asegura Sergio Martínez, alcalde de la localidad, donde viven varias especies de aves declaradas vulnerables.

El trasfondo del recurso, que ahora ha desestimado el TSJCyL, se basaba en que la presencia de esa fauna complicaría que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta diese su visto bueno a este proyecto, aferrándose a los precedentes de un proyecto similar en Haza, donde el Gobierno regional no otorgó ese informe favorable por chocar de lleno con la presencia de otro ave en peligro de extinción, en este caso la alondra ricotí.

Sin embargo, los magistrados han entendido en esta ocasión que la licencia de obras debe otorgarse y que con una comunicación ambiental al finalizar la construcción es suficiente para cumplir con la legalidad urbanística y medioambiental. «No sabemos qué camino siguen los tribunales, porque hay otras sentencias que dicen que si hay especies protegidas se tiene que presentar un informe de impacto ambiental, pero aquí no han dictado la sentencia en ese sentido», lamenta Martínez.

Tras recibir la sentencia, el Ayuntamiento de Fuentemolinos se ha visto obligado a otorgar la licencia de obra para esta granja de cerdos de engorde, lo que ha tenido otra consecuencia en el ámbito judicial. Y es que la ONG Ecologistas en Acción ha interpuesto una denuncia por este acto administrativo. «Nos denuncia a nosotros porque somos nosotros los que hemos tenido que dar la licencia por orden del juez, el TSJ nos obliga a dar esa licencia y así lo hemos hecho, pero porque nos ha obligado el juez», explica de forma reiterada Martínez. Desde que tuvieron conocimiento de esta denuncia, no han vuelto a saber nada más sobre este particular, por lo que Martínez desconoce si se ha admitido a trámite o no y si sigue adelante este nuevo procedimiento judicial.

Ante este revés en los tribunales, tanto el Ayuntamiento de Fuentemolinos como el resto de los afectados por este proyecto han remitido un escrito a la Junta de Castilla y León para pedir una reunión. «La Junta, aún habiendo hecho un informe negativo, no quieren saber nada del tema, por eso nos hemos unido todos los pueblos: Fuentelisendo, Fuentecén, Hoyales de Roa, Haza, Adrada de Haza, Hontangas, La Sequera y Moradillo de Roa, todos los afectados por la contaminación en el páramo», enumera Sergio Martínez.

El alcalde de Fuentemolinos recuerda que en esta misma zona se han seguido dos criterios distintos por parte del Gobierno regional. «Aquí no ha intervenido la Junta, pero en otros sitios sí lo ha hecho cuando había especies protegidas, así que no sabemos de qué lado se va a poner, ni si nos acepta la reunión o no», plantea Martínez, que recuerda que la administración regional ya emitió informes negativos sobre la ubicación de esta nueva granja. «La Junta dijo que no se podía hacer porque hay especies protegidas, la CHD tampoco porque es una zona vulnerable por filtraciones, si se pone justo donde se filtra el agua para la captación de todos los pueblos, es algo absurdo que le den el visto bueno y le den la razón a la empresa», remarca el alcalde de Fuentemolinos.

En esta cruzada contra la instalación de esta granja en su municipio, el gobierno local cuenta con el apoyo de los vecinos, que recogieron firmas y se manifestaron de forma masiva en el mes de agosto.