El portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, ha pedido al equipo de Gobierno que articule un convenio transitorio con el Burgos CF mientras se soluciona el problema de la modificación del PGOU con el objetivo de que el estadio pueda tener otros usos. "Sería transitorio mientras se hace la tramitación urbanística, dado que el club cumplió los plazos de presentar un proyecto para la nueva tribuna. Los técnicos dirán la mejor fórmula", indicó.
Tal y como publicó Diario de Burgos, las dos modificaciones que planean sobre la actual fisonomía del estadio de El Plantío van a conllevar, sí o sí, una rescisión del contrato de concesión con el Burgos CF. Tanto la construcción de la nueva tribuna como la ampliación de los usos no deportivos del campo de fútbol requerirán la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Y ambos cambios introducen novedades de tal calado en la infraestructura que el Ayuntamiento se va a ver obligado a cancelar el acuerdo con el club burgalés para, después, abrir un nuevo proceso al que podrá concurrir cualquier operador, no solo el Burgos CF.
Cabe recordar que el contrato de concesión se firmó en 2021 con el Burgos CF y la entidad tiene derecho a explotar el campo de fútbol a cambio de un canon de 67.000 euros al año que paga al Ayuntamiento.
La anulación del contrato vigente es requisito obligatorio para acometer ambas modificaciones, pero también acarreará un doble riesgo. El primero, para el propio Consistorio, puesto que tras la rescisión y hasta que se firme una nueva concesión, el estadio pasará a manos del Ayuntamiento. En ese ínterin, si la Liga exige al club inversiones para nuevas medidas de seguridad o de cualquier otra clase, deberá ser el Consistorio el que cargue con los gastos. De manera que para evitar esta situación se impondrá la necesidad de que la Administración local y el Burgos CF firmen un convenio temporal por el cual la entidad se comprometa a ejecutar esos posibles desembolsos. Y habrá que rezar para que esa situación de provisionalidad no se alargue demasiado si los expedientes urbanísticos se atascan por cualquier circunstancia. No hay que olvidar que la Junta de Castilla y León tiene voz y voto a la hora de dar el visto bueno a los estudios de detalle y proyectos.
Por otro lado, el PSOE ha presentado un total de nueve alegaciones a la ordenanza que regula la zona de bajas emisiones al considerar que "incumple la ley", dado que la mayoría de las calles en las que no se podrá circular ya son en la actualidad peatonales. "Se está incumpliendo la ley. Es un acto de insumisión", apuntó, al tiempo que subrayó que si el equipo de Gobierno no acepta sus alegaciones acudirán a los tribunales.